Audiencia preparatoria de juicio en caso Decevale vuelve a cero

La audiencia preparatoria de juicio por la causa Decevale -derivada del caso Isspol- vuelve a cero, según informó la Fiscalía la noche del 11 de enero de 2023.

"Fiscalía fue notificada con la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio en el proceso que sigue contra el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, por falsedad de información en operaciones bursátiles relacionadas con el Isspol", señaló en sus redes.

Según manifestó, "cambios administrativos ordenados por el Consejo de la Judicatura" sustentaron la decisión del nuevo juez de la causa, Roberto Calderón.

La diligencia se fijó para el próximo 17 de enero de 2023, en Guayaquil.

"Procesalmente es lo que corresponde porque es un nuevo juez, pero implica un nuevo retraso porque esas audiencias comenzaron en diciembre de 2021 y tuvieron varias recusaciones de los procesados", explicó a PRIMICIAS, Renato González, director general del Isspol.

Por este caso, que llevaba la jueza Gianella Noritz, hay 12 procesados, entre ellos Jorge ‘El Mago’ Chérrez y Gonzalo Navarro, exdirectivo de Decevale. Ambos tienen orden de prisión preventiva, pero están prófugos de la justicia.

Chérrez, pieza clave en el caso Decevale

La Fiscalía inició la investigación por este delito, tras denuncias del superintendente de Compañías de ese entonces, Víctor Anchundia, entre septiembre y diciembre de 2020, contra las compañías Decevale y Citadel Casa de Valores.

Las primeras pericias se conocieron en junio de 2021. Allí, la Fiscalía identificó que varios funcionarios de las empresas investigadas participaron en actividades ilícitas.

Decevale habría suscrito contratos con compañías registradas en Panamá no autorizadas a participar en el mercado de valores.

También firmó un contrato de depósito con el Isspol, inobservando condiciones de la Ley, realizando operaciones bursátiles y participando como depositante, administrador y custodio de títulos en mercados bursátiles extranjeros, no registrados en el catastro público de valores.

Los funcionarios de la compañía habrían estructurado estas operaciones de forma que no serían reportadas al ente de control, eludiendo la aplicación correcta de la normativa que rige la Ley del Mercado de Valores.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de falsedad de información puede ser sancionado con una de pena de entre tres a cinco años de prisión.

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