Corte Constitucional suspende consulta ambiental de mineras
La Corte Constitucional suspendió las consultas ambientales para actividades económicas de impacto, entre ellas la extracción de oro y cobre a gran escala de dos mineras.
La Conaie denunció la militarización de Palo Quemado (Cotopaxi) por la consulta ambiental, el 23 de julio de 2023.
Conaie
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La Corte Constitucional admitió la demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y suspendió, de forma provisional, el Decreto para realizar consultas ambientales sobre actividades extractivas.
La consulta ambiental es un paso previo para que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias ambientales.
La Sala de Admisión de la Corte decidió este martes 1 de agosto admitir a trámite la acción pública de inconstitucionalidad, sin que "la decisión implique prejuzgamiento”.
La Conaie presentó un pedido de medidas cautelares el pasado 13 de junio contra el Decreto 754, emitido en mayo de 2023 por el presidente Guillermo Lasso. Esa normativa regula las consultas ambientales de proyectos mineros y productivos en las comunidades en la zona de influencia del proyecto.
La suspensión temporal implica para empresas, como las mineras, retrasar construcciones y proyectos hasta que se resuelva el vacío legal.
De hecho, la consulta ambiental había comenzado a finales de junio de 2023 para dos proyectos:
- La Plata, de la canadiense Atico Mining, con matriz en Vancouver. Este proyecto se construirá en Palo Quemado, Sigchos, en la provincia de Cotopaxi. La inversión prevista en la construcción de la mina es de USD 100 millones.
- El Domo, de la empresa ecuatoriana Curimining, cuyo accionista es Salazar Holdings, con sede en Toronto. La concesión está en Las Naves, en la provincia de Bolívar. La firma prevé invertir USD 292 millones en la construcción de la mina.
Argumento de la Corte
El órgano de control constitucional consideró verosímil, inminente y potencialmente dañina la aplicación de las consultas prelegislativas, establecidas en el decreto Impugnado.
Además, subraya la gravedad del daño que podría provocar realizar procesos de consulta con base en una norma que, según los demandantes, “no habría sido consultada, que el Gobierno buscaría imponer a la fuerza y que no observa los estándares constitucionales e instrumentos internacionales”.
Más de 100 obras estaban paralizadas por falta de licencias hasta antes del decreto. Entre esos proyectos están minas, plantas de tratamiento de agua, hoteles y otros proyectos de inversión, informó en su momento el Ministerio del Ambiente.
Esto debido a la falta de una consulta prelegislativa, obligatoria para el Ejecutivo, a fin de obtener insumos de la ciudadanía y reformar al reglamento al Código del Ambiente.
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