Desde que Ecuador volvió a la democracia en 1979, los gobiernos han creado cinco contribuciones únicas. A partir de 2016, estos pagos dejaron de ser esporádicos y se volvieron recurrentes.
Las llamadas contribuciones especiales o únicas han pasado a convertirse en pagos recurrentes para los contribuyentes, especialmente para las empresas.
Las contribuciones están reguladas bajo el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) y tienen relación con los pagos que hacen los beneficiarios directos de obras o servicios públicos.
Por ejemplo, un ciudadano paga una contribución para financiar un parque o una vía en su barrio.
Pero los gobiernos han establecido contribuciones especiales para extraer ingresos del bolsillo de la población para atender casos de crisis o de fuerza mayor.
En esos casos, el beneficiario directo no está plenamente identificado, por lo que en realidad no se trata de contribuciones sino de impuestos temporales, explica el tributarista Pablo Villegas.
“Suena mejor la idea de contribuir, en lugar de hablar directamente de un impuesto”, agrega Villegas.
Entre 2016 y 2023, las contribuciones únicas y temporales habrán recaudado USD 2.594 millones de empresas y ciudadanos.
Esa cifra incluye la recaudación esperada por la Ley de Desarrollo Económico, aprobada en noviembre de 2021.
De ese monto, la mayor parte provendrá de las empresas, que pagarán USD 1.882 millones.
Los distintos gobiernos han tratado de enfocar este tipo de aportes temporales en compañías de grandes patrimonios. Pero las contribuciones han terminado tocando también la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Por ejemplo, las mipymes pagaron en 2016, 2020 y 2021 un total de USD 197,2 millones por contribuciones especiales.
Los sectores que más han aportado con las contribuciones temporales son el comercio, los servicios financieros, la manufactura y la agricultura.
¿Un pago permanente?
Desde el retorno a la democracia en 1979, Ecuador ha recurrido en cinco ocasiones a este tipo de pagos ‘temporales’ para afrontar crisis.
El primero fue en 1982, cuando el gobierno de Osvaldo Hurtado creó un tributo único para afrontar la crisis provocada por el Fenómeno del Niño.
El fenómeno climático destruyó el 66% de la producción agrícola del país y el 33% de su red vial.
Le siguió un impuesto único del 2% al rodaje, introducido durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, para atender los gastos de la Guerra del Cenepa.
El terremoto de 2016
En 2016, el Gobierno de Rafael Correa introdujo cuatro contribuciones especiales para personas y empresas a fin de atender los gastos provocados por el terremoto en las provincias de Esmeraldas y de Manabí.
Con estas contribuciones, el gobierno de Correa generó una recaudación de USD 848 millones.
Crisis fiscal
En medio de una crisis fiscal, el Gobierno de Lenín Moreno envío a la Asamblea la Ley de Simplificación Tributaria, que fue aprobada en diciembre de 2019.
La reforma estableció una contribución temporal durante 2020, 2021 y 2022 para las empresas con ingresos iguales o superiores a USD 1 millón en el ejercicio fiscal 2018.
El aporte sobre esos ingresos se fijó entre el 0,10% y el 0,20%. La fecha tope para que las compañías paguen la última cuota de ese tributo es el 31 de marzo de 2022.
La pandemia
La Ley de Desarrollo Económico, en vigencia desde noviembre de 2021, creó dos nuevas contribuciones, esta vez para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de Covid-19.
La reforma estableció una contribución solidaria para 2.220 empresas, que tienen un patrimonio superior a los USD 5 millones. Este aporte es del 0,8% de su patrimonio durante dos años. El primer pago debe hacerse hasta este 31 de marzo.
Pero también las personas con patrimonios individuales de USD 1 millón o más y las sociedades conyugales con un patrimonio de USD 2 millones en adelante deben realizar una contribución en marzo.
Este último pago es de entre el 1% y el 1,5% del patrimonio declarado al primero de enero de 2021.
Más incertidumbre
Para incrementar la recaudación tributaria, Ecuador debe trabajar en reducir la evasión y la informalidad en los negocios, dice el abogado tributarista Napoleón Santamaría.
De esa manera, podría evitarse que el país recurra a contribuciones recurrentes en momentos de crisis, porque generan dos efectos negativos:
- Inestabilidad jurídica; es decir, las empresas no tienen certeza sobre su real carga tributaria, pues en cualquier momento un gobierno puede crear contribuciones.
- Menos liquidez, lo que frena los nuevos planes de inversión.
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