Termoguayas, a punto de llevar a Ecuador a arbitraje internacional

El incidente protagonizado por las barcazas de la empresa Termoguayas Generation S.A en el puente Santay, en el cantón Durán, develó una pugna con el Estado que data de 2016, y que está a un paso del arbitraje internacional.

Detrás de aquellas cinco embarcaciones que el 27 de diciembre de 2022 se soltaron de su muelle en las Esclusas, sur de Guayaquil, existe un conflicto que comenzó el 27 de octubre de 2016.

En 2016, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) revocó a Termoguayas los dos contratos firmados con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec):

• Concesión específica para generación de energía eléctrica, del 20 de enero de 2006.
• Contrato complementario, del 5 de enero de 2007.

Según detalló la Arconel, en ese entonces, el contrato de concesión no contaba con el informe previo de Ley de la Procuraduría General del Estado. Lo que configuró la causal de revocatoria del contrato.

Además, Keppel Energy PTE. Ltd., compañía solicitante de la concesión y Termoguayas Generation S.A., concesionaria, no demostraron ante el Conelec la propiedad directa de las cinco barcazas de generación de electricidad.

Finalmente, Termoguayas no presentó ante el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) el certificado de permanencia de las barcazas en aguas territoriales, de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral.

Pero la compañía alega que la revocatoria del contrato era nula, porque no le correspondía hacerlo a la Arconel, sino al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Así lo explicó a PRIMICIAS, Pablo Chiriboga, gerente general de Termoguayas.

"El contrato fue materia de examen especial de la Contraloría. Se justificó oportunamente la propiedad de las barcazas y su ingreso al país. La revocatoria del contrato era nula y el contralor (Pablo Celi) lo certificó en 2020", explica.

Obligaciones de Termoguayas

Termoguayas es una empresa de capital español que inició operaciones en Ecuador, tras una convocatoria del Ministerio de Electricidad para la termogeneración de energía en territorio nacional y el soporte al Sistema Nacional Interconectado.

Según el portal de la Superintendencia de Compañías, Termoguayas se conformó el 14 de abril de 2005, con domicilio en Guayaquil.

A pesar de estar seis años sin operar, sigue activa, pero con domicilio en Quito, y su capital es de USD 93 millones.

"Tuvimos que cambiar nuestra oficina porque ya no pudimos seguir operando en Guayaquil", añade Chiriboga.

El contrato establecía que la compañía debía generar 150 megavatios para la provincia de Guayas, mediante cinco barcazas a diésel.

El ministro de Energía, Fernando Santos, resaltó este mecanismo. "Es un método muy rápido que no se demora el tiempo que tomaría construir una central hidroeléctrica".

Un informe de la Arconel, a diciembre de 2018, detallaba la operación en el país de 186 centrales termoeléctricas con motores de combustión, entre ellas Termoguayas.

No obstante, el Estado le terminó el contrato, por las tres causales expuestas, 10 años después de haberlo firmado. La concesión culminaba en 2021.

"Hemos cerrado en tres ocasiones valores con el Ministerio de Energía, incluso cuando Fernando Santos era asesor del ministro René Ortiz. Hemos remitido 417 oficios al Estado, narrando cada uno de los pasos desde que inició el conflicto en 2016", dice Chiriboga.

Según Chiriboga, ese año acudieron a la Embajada de España, para informarles que la empresa fue cerrada "ilegalmente".

Luego de 33 audiencias y 19 prórrogas que solicitó el Estado (por cambio de funcionarios), en marzo de 2022 se llegó a un acuerdo total para finiquitar la situación de Termoguayas, agrega Chiriboga.

"Se pidió al Ministerio de Economía y Finanzas la certificación presupuestaria en la época del ministro Juan Carlos Bermeo, para firmar el acta de mediación y así cerrar el proceso, pero volvieron a cambiar de funcionarios y seguimos esperando", recalca.

En un oficio del 24 de noviembre de 2022, Finanzas devolvió el trámite a la actual Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).

La Agencia había pedido al Ministerio una certificación presupuestaria por USD 139.843.246, "a fin de que se alcance la aprobación de la mediación y la suscripción del acuerdo total".

Santos: "Que vayan a arbitraje"

El ministro Santos dijo conocer el proceso desde cuando fue asesor de René Ortiz.

"Termoguayas presentó un reclamo que quería que se solucionara a través de una mediación, pedía una cifra absolutamente absurda y elevada, contraria a los intereses del país. Yo me opuse y me sigo oponiendo", dijo Santos ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea.

Esta mesa legislativa fiscaliza el contrato con la empresa termoeléctrica.

Según el ministro, la empresa reclamó USD 160 millones por daños correspondientes a 40 días de no operación. Y "el abogado se puso un honorario de USD 17 millones".

"Cuando fui asesor le dije que no al ministro y si quieren que demanden, que vayan a arbitraje. Ningún árbitro les dará la razón", enfatizó.

Ahora que Santos regresó como titular del Ministerio, revisó el trámite y se percató de que la empresa intenta la mediación con la Agencia, que hizo informes "aceptando estos valores".

"La Agencia, ignorando la posición anterior del Ministerio, aceptó el reclamo de la compañía. Le voy a insistir al director que termine con el proceso de mediación y así quede abierto el camino para que reclamen ante los jueces", explicó el ministro Santos a PRIMICIAS.

Agregó que mientras él presida el directorio de la Arcernnr no autorizará que se pague "un centavo porque no hay razón".

Tras conocer estas declaraciones, el representante de Termoguayas anunció que demandará al Estado ecuatoriano.

"Intentamos invocar el Tratado Bilateral de Inversiones y evitar arbitrajes internacionales. Llevamos seis años de mediación. Creo que terminará pasando lo mismo que con Perenco y Chevron", dice Chiriboga.

Señaló que esperarán al menos seis meses más hasta agotar las instancias de negociación nacional.

Barcazas embargadas y cuentas bloqueadas

En medio del conflicto legal entre el Estado ecuatoriano y Termoguayas, un embargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) pesa sobre las barcazas.

Felipe Ochoa, subdirector General de Operaciones de la institución, explicó a PRIMICIAS que hay una figura legal que permite a las empresas ingresar maquinaria especial para dar un servicio al Estado, sin pagar aranceles.

Para aplicar este mecanismo, la empresa debe presentar una garantía.

El Senae concedió el permiso para que las barcazas de Termoguayas operen en el país hasta 2020.

"Tenían que retirar las barcazas en ese año, no las sacaron del país y procedimos a ejecutar la garantía para cobrar los aranceles. Pero cuando las quisimos hacer efectivas, nos dimos cuenta de que las garantías habían sido falsificadas", manifestó.

De allí que la prenda sobre las embarcaciones comenzó el 16 de julio de 2020. Mediante esta figura, las barcazas no pasan a poder de la Aduana, pero tienen prohibición de salir del país y de ser vendidas.

En total, la empresa debe cancelar al Senae USD 9 millones, por aranceles aduaneros.

En la entidad están conscientes del estado obsoleto de las barcazas, incluso de la recomendación de la Armada de su chatarrización.

"Prácticamente están en caparazón, nos han pedido que se deshuesen, pero solo les damos autorización para que se muevan y estén en lugares seguros", agregó Ochoa.

Pero esto no ha ocurrido. Precisamente por sus malas condiciones, las cinco embarcaciones se soltaron y navegaron a la deriva, algo que podría repetirse en cualquier momento, según José Herrera, jefe técnico marítimo de la Capitanía del Puerto de Guayaquil.

Las barcazas de Termoguayas, de bandera panameña, son parte del inventario de siete embarcaciones extranjeras en Guayaquil, registradas por la Armada.

La Marina abrió además seis expedientes contra Termoguayas, uno de ellos por abandono en 2021. Esto es porque navegan sin personal a bordo.

"Hemos enviado citaciones para que los propietarios comparezcan, pero no lo han hecho. Por eso, no hay sanciones", añadió Herrera.

A este escenario se suma que las cuentas de la compañía están bloqueadas, y no pueden pagar a la Aduana ni liquidar a los más de sus 200 extrabajadores.

Mientras la empresa no resuelva el problema legal con el Estado ecuatoriano, no pueden disponer sobre las barcazas y estas seguirán representando un riesgo para la navegabilidad en el río Guayas.

Nota de la Redacción: En la noticia 'Termoguayas, a punto de llevar a Ecuador a arbitraje internacional', publicada el 7 de enero de 2023, a las 05:28, dijimos que Luis Maingón, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, había pedido al Ministerio de Finanzas una certificación presupuestaria por USD 139.843.246, “a fin de que se alcance la aprobación de la mediación y la suscripción del acuerdo total”.

Sin embargo, el oficio en que la Agencia solicita la certificación al Ministerio fue enviado el 2 de junio de 2022, cuando Maingón aún no ejercía la función de director Ejecutivo de la Agencia.

Maingón aclara que no ha pedido ninguna certificación presupuestaria al Ministerio de Finanzas, ya que asumió el cargo recién el 30 de agosto de 2022, y que todas las diligencias sobre el asunto se realizaron "en administraciones anteriores".

Este artículo fue corregido el 16 de enero de 2023, a las 17:00.