La Corte Constitucional suspendió de manera temporal, el 31 de julio de 2023, el Decreto 754, que regulaba la consulta ambiental.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) advierte que la paralización de los trámites de licencia ambiental, tras la decisión de la Corte Constitucional, genera incertidumbre jurídica y fomenta las actividades ilícitas.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión de la Corte Constitucional y solicitamos que la suspensión sea reconsiderada", dice el Comité en un comunicado.
Y añade que, por su importancia nacional, la Corte debe dar "tratamiento prioritario" a este caso y dictar sentencia en el menor tiempo posible.
Para la obtención de licencias ambientales, necesarias para el desarrollo de proyectos públicos y privados, se debe cumplir con la consulta ambiental.
Pero la Corte Constitucional suspendió el 31 de julio de 2023, de manera temporal, el Decreto 754 sobre consultas ambientales, que emitió en junio el presidente Guillermo Lasso.
La Corte admitió la demanda de inconstitucionalidad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que alega que el Decreto vulnera los derechos de las comunidades a la consulta previa, libre e informada.
Según el Comité Empresarial, la decisión de la Corte ha dejado en la incertidumbre a numerosos proyectos. "Hay 176 procesos de licenciamiento ya paralizados, y a corto plazo, el efecto del estancamiento económico superará los USD 2.000 millones", añade el CEE.
Para el gremio empresarial, es esencial que el proceso de licencias ambientales quede "plenamente definido" para que la inversión en Ecuador pueda avanzar.
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