Caso Isspol: Fiscalía presenta dictamen acusatorio contra 10 procesados

Con más de 50 elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado pide llamar a juicio a 10 procesados por peculado en el desfalco al Instituto de Seguridad de la Policía Nacional (Isspol), que supera los USD 900 millones.

Se trata de altos directivos del Isspol, empresas de inversiones y casas de valores, que "habrían causado un perjuicio económico de USD 188 millones".

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Específicamente, el fiscal de la Unidad de Administración Pública acusó, en calidad de autores directos, a las siguientes personas que trabajaron en el Isspol:

• Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exdirectores.
• Alfredo Valverde, exdirector de inversiones.
• Santiago Patricio D., exasesor jurídico.
• Rafael Nuques, exdirector económico financiero.
• John Luzuriaga, exdirector de riesgos, quien fue sentenciado a cuatro años y 10 meses de cárcel en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.

En cuanto a los directivos de casas de inversiones, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio, como autores directos, en contra de:

• Jorge Chérrez, representante de la empresa Ibcorp Investment. Contra Chérrez, conocido como 'El Mago' pesa una difusión roja de Interpol.
• Luis Oswaldo Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A.

Mientras que a Luis Álvarez, gerente general de operaciones de Decevale, y Carlos Carbo, gerente general de Decevale; se los acusó en calidad de coautores por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, sostiene la Fiscalía. La operación se hizo entre directivos del Isspol y las empresas IBcorp Investments y Capital Ventura.

Álvarez fue sentenciado a seis meses de prisión y tres años de libertad condicional en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos. Logró que su condena sea reducida porque “identificó a todos los cómplices actualmente acusados y no acusados, incluidos policías de alto rango en Ecuador“, según el pedido hecho por su abogado, Paúl Petruzzi.

El peculado es el delito que sanciona a un funcionario público que en ejercicio de sus funciones y con capacidad de disponer de recursos públicos destinados a un determinado fin, intencionalmente los desvía, en beneficio propio o de un tercero, causando un daño al patrimonio público del Estado.

Entre los elementos de convicción que presentó la Fiscalía figuran chats de mensajería instantánea entre algunos de los procesados, en los que se evidencia la estrategia para realizar las operaciones de inversión.

La audiencia preparatoria de juicio inició el 9 de enero y se reinstaló el 17 de julio de 2023, tras varias dilatorias e incidentes por parte de las defensas técnicas de los acusados.