Presidente Noboa objetó proyecto de reforma que plantea transparentar inversiones del Biess

El presidente de la República, Daniel Noboa, objetó totalmente este 10 de julio un proyecto de reforma a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

La propuesta, denominada Ley Reformatoria a varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador (Ley ESSE), fue aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de junio de 2024.

Según el veto del Ejecutivo, la propuesta de reforma no es aplicable para la gestión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), al "contraponerse a las normas de sigilo bancario y bursátil que le corresponde por tratarse de una entidad financiera".

Una de las reformas que plantea el proyecto legal es la publicación, en la página web del Biess, de todas y cada una de las inversiones del banco, precisando el destino, rendimiento, plazo, monto, análisis de riesgo, beneficiario de la inversión y el beneficio proporcional para cada afiliado activo o jubilado.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, calificó el veto total del Presidente como un "golpe a los bolsillos de los ciudadanos".

"La actual administración quiere mantener como caja chica la plata de los afiliados y jubilados al IESS. ¡Ya basta de tanto abuso!", escribió Kronfle, en un mensaje publicado en la red social X, este 10 de julio de 2024.

¿Qué dice el proyecto legal y por qué fue vetado?

El artículo 7 de la Ley del Biess dispone actualmente que los beneficios y rendimientos financieros producto de las inversiones de los recursos previsionales, así como las utilidades que genere el Banco, deberán entregarse al IESS para incrementar sus fondos.

El proyecto normativo propone añadir a ese artículo que el Banco podrá contratar una empresa asesora en banca de inversión, enfocada a sistemas de pensiones o seguridad social. La firma podrá ser nacional o internacional.

Además, podrá contratar mecanismos de cobertura para cubrir sus activos financieros, con el objetivo de mitigar el riesgo de un "acontecimiento negativo en sus inversiones".

Según el veto presidencial, la propuesta de reforma no considera el desempeño actual del Biess en el mercado nacional ni el cumplimiento de objetivos, en cuanto a la administración de los recursos del banco, bajo principios de "seguridad, oportunidad, solvencia y liquidez".

Adicionalmente, de acuerdo con el texto de objeción, el proyecto no toma en cuenta que es competencia de la Junta de Regulación Financiera emitir el marco regulatorio de la banca pública y regular las actividades financieras del sistema nacional de seguridad social.

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La propuesta también plantea que la Junta de Política Regulación Financiera, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías podrán definir

las diferentes operaciones que permitan el ejercicio de la actividad financiera del banco, siempre que estén relacionadas con la banca de inversión.

El veto presidencial señala que esa propuesta elimina la posibilidad de que el Biess realice las operaciones de banca tradicional, como créditos e inversiones, "condicionándolo a mantener estático su portafolio de productos".

Lo anterior, dice el veto, "afectaría la posibilidad de incursionar en nuevos mercados, productos y servicios de crédito y de inversión para los afiliados", puesto que "se obliga a gestionar con otros niveles de aprobación la generación de estos servicios".

Además, recalca que no es competencia de la Superintendencia de Compañías definir las operaciones relacionadas con banca de inversión que realice el Biess.

Transparencia de las inversiones

Por último, el proyecto propone incluir un nuevo artículo en la Ley del Biess sobre 'transparencia de las inversiones', en el que se dispone que el banco tendrá la obligación de poner a disposición de los afiliados del IESS, en su página web o en otros sistemas de información, lo siguiente:

• El detalle del gasto institucional mensual y anual.
• La información de "todas y cada una de las inversiones de cualquier tipo", indicando el destino, rendimiento, plazo, monto, análisis de riesgo, beneficiario de la inversión y el detalle del beneficio proporcional para cada afiliado activo o jubilado, así como el gasto institucional.
• Los diferentes contratos de inversión suscritos por la entidad, con el detalle de los beneficiarios y la tabla mensual o anual de rendimientos de las inversiones. Esta información deberá estar disponible en la página web para su descarga.

El veto presidencial considera que la publicación de la información de "todas y cada una de las inversiones se contrapone al principio de reserva y sigilo sobre los activos de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas", estipulado en leyes nacionales.

"Ninguna institución financiera publica su portafolio, incluso por temas de competencia desleal en el mercado", añade el texto.