La Procuraduría también va tras los responsables del arbitraje con Murphy

Esta vez fue el turno para el caso Murphy. En 2011, la petrolera inició un arbitraje contra Ecuador bajo las Reglas de UNCITRAL.

La empresa alegó haber sufrido perjuicios por la promulgación de la Ley No. 42, expedida en 2006 y que incrementó a 50% la participación del Estado sobre las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras. Ese porcentaje fue elevado al 99%  mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de 2007, suscrito por Rafael Correa Delgado.

En 2017, el Tribunal Arbitral condenó al Estado a pagar una indemnización de USD 19,9 millones más intereses a la empresa Murphy. Ecuador pagó en tres cuotas entre agosto y octubre de 2018, según un comunicado de la Procuraduría.

Ahora, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, envió una comunicación al ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, en la que le recuerda la obligación que tiene de iniciar acciones de repetición en contra los funcionarios responsables por ese pago.

Según la Constitución ecuatoriana, “el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

La comunicación del Procurador finaliza con una advertencia al ministro: "en caso de que no ejecute la acción de repetición (…), le corresponderá al Procurador General del Estado incoarla en contra de quienes incumplieron la obligación".

Este es el segundo pedido que Salvador hace para que se inicien acciones de repetición por los arbitrajes perdidos por el Estado.

El 2 de febrero de 2022 hizo el mismo pedido al gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, por el caso Oxy. En ese proceso, el país fue condenado a pagar una indemnización de USD 1.061 millones a la petrolera Occidental por la declaratoria de caducidad de su contrato de operación del Bloque 15.