Termoguayas pide intervención del presidente por deuda del Estado

La salida al conflicto entre Termoguayas y el Estado ecuatoriano sigue siendo incierta. Para este 25 de enero de 2023, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) había convocado a la empresa a una audiencia de mediación.

Sin embargo, un día antes de la cita, la misma entidad pidió el diferimiento y no se fijó una nueva fecha para la diligencia.

Termoguayas reclama el pago de USD 160 millones por la terminación de su contrato, en 2016.

En el encuentro que fue cancelado, las autoridades de la empresa esperaban una definición tras la declaración del ministro de Energía, Fernando Santos, quien aseguró que, como presidente del Directorio de la Agencia, no autorizará el pago de ningún valor a la compañía, y que el proceso vaya a arbitraje internacional.

"La empresa no ha tomado la decisión de levantarse de la mesa, sino de buscar un acuerdo. Nos mantenemos en proceso de negociación porque el Estado presentó varias alternativas de acuerdo, hasta junio de 2022", dijo a PRIMICIAS el gerente Pablo Chiriboga.

Chiriboga afirma que, desde el día uno, solicitaron la intervención de la Procuraduría y todas las entidades de control.

Y, ahora, se dirigieron directamente al presidente Guillermo Lasso. En una extensa carta, con fecha 24 de enero, Termoguayas hace un recuento de la situación desde 2016, cuando el Estado revocó el contrato de concesión específica para la generación de energía eléctrica.

Y solicitan la intervención de la Secretaría Anticorrupción, "para que efectúe una revisión in extenso de la documentación de soporte que existió para alcanzar un acuerdo", concluye la misiva.

La Secretaría Anticorrupción, sin embargo, está sin cabeza. Este lunes, su titular Luis Verdesoto renunció tras presentar un polémico informe sobre hipótesis de presuntos actos de corrupción. Esto, luego de las denuncias de supuestas irregularidades que rodean a varias empresas públicas, principalmente del sector eléctrico.

Una fuente de la Agencia confirmó a PRIMICIAS que la reunión se suspendió por agenda de sus autoridades. Sin embargo, equipos jurídicos de esa entidad y del Ministerio analizan la situación, y se pronunciarán cuando exista una resolución.

Barcazas de Termoguayas, sin rumbo

El conflicto del Estado con Termoguayas data del 27 de octubre de 2016. Ese día, la entonces Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) revocó los dos contratos firmados con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec):

• Concesión para generación de energía eléctrica, del 20 de enero de 2006.
• Contrato complementario, del 5 de enero de 2007.

El contrato establecía que la compañía debía generar 150 megavatios para la provincia de Guayas, mediante cinco barcazas que funcionan diésel.

La Arconel terminó la relación con la empresa por tres causales:

• El contrato de concesión no contaba con el informe previo de Ley de la Procuraduría General del Estado.
• No demostraron ante el Conelec la propiedad directa de las cinco barcazas.
• No presentar ante el Conelec el certificado de permanencia de las barcazas en aguas territoriales.

Desde 2020, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) mantiene un embargo sobre las embarcaciones, por una deuda por aranceles aduaneros que asciende a USD 9 millones.

Según un informe del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, de 2019, los daños a las instalaciones de Termoguayas ascienden a USD 12,9 millones.

Lo más cerca que la empresa estuvo de un acuerdo con el Ejecutivo fue en junio de 2022. En ese entonces, la Agencia solicitó al Ministerio de Economía certificar USD 139,8 millones para pagarle a la compañía. Pero el Ministerio negó ese pedido en noviembre.

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