El abogado guatemalteco en Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, conversó con PRIMICIAS sobre la unidad de investigación criminal de su país, que logró desactivar las mayores redes de corrupción.
Ecuador vive momentos récord de inseguridad, y en los que el crimen organizado ha permeado las instituciones a tal punto que se habla de 'narcos generales'.
Y pese a los esfuerzos, son pocos los avances o cabecillas de bandas capturados. Incluso, la Fiscalía y la Policía han recurrido a ayuda internacional, y hace poco un equipo del FBI visitó Guayaquil para investigar la explosión del Cristo del Consuelo, ocurrida en agosto pasado.
En ese contexto se debate la independencia de la Fiscalía y de la Justicia con miras a que los crímenes no queden en la impunidad.
Y una herramienta para lograrlo sería la creación de una comisión internacional independiente de la Fiscalía. Una instancia similar ya funcionó en Guatemala durante 11 años y se denominó CICIG.
Este organismo cooperó con la justicia local y logró incluso el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina, por corrupción.
El abogado guatemalteco en Derechos Humanos Oswaldo Samayoa, conversó con PRIMICIAS sobre cómo se creó esta instancia y cómo podría funcionar en Ecuador.
¿Qué pasaba en Guatemala cuando se pidió ayuda internacional y se creó la CICIG?
Guatemala tiene como punto de referencia los Acuerdos de Paz del año 1996. El país vivió 36 años de conflicto armado, no internacional, y cuando se firmó la paz se estableció que existen estructuras ilegales y clandestinas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
Son estructuras validadas por el propio Estado que actúan de forma ilegal secuestrando, torturando, desapareciendo y ejecutando personas.
Esta comisión a lo interno del país era muy difícil de crear por una sencilla razón, el sistema de justicia no era independiente.
Oswaldo Samayoa
¿Cómo se conformó esta Comisión?
La CICIG se instaló por un modelo de cooperación de países amigos de Guatemala y generó una Fiscalía especial.
Es decir, tenía un fiscal, que no era guatemalteco, que dirigía todos los procesos de investigación y que se los presentaba al Ministerio Público para que éste los haga conocer entre el sistema de justicia.
¿Quién manejaba la CICIG?
Guatemala solicitó a las Naciones Unidas apoyo, pero la ONU tiene un principio de no intervención en la soberanía de los países. Entonces, se buscó un sistema de cooperación con países europeos y con Estados Unidos.
Y se decidió que el administrador de la cooperación fuera el secretario de las Naciones Unidas, y él nombraba a la persona a cargo de esta Comisión.
Después, la Comisión se conformó por investigadores, abogados, y cuerpos interdisciplinarios de otros países de Sudamérica y Europa. También tenía algún personal técnico de Guatemala con un alto nivel calificado.
Ellos acompañaban todos los procesos de investigación y cuidaban los marcos de legalidad propios e internos del país. No fue un organismo de las Naciones Unidas.
Pero ¿ellos se manejaban en el marco de las leyes de Guatemala?
Totalmente. La CICIG no podía presentar ningún caso como tal, lo hacía el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución penal.
Lo que hizo el Ministerio Público fue crear la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que era la encargada de la coordinación directa con los casos que la CICIG investigaba.
Pero CICIG no podía litigar por sí misma, ni presentar casos o utilizar métodos distintos a los ya establecidos en el país.
Cuando la CICIG se estableció, se reformaron muchas leyes para establecer métodos especiales de investigación de delitos contra la Administración del Estado y de Justicia. Incluso se aprobó una famosa Ley Anticorrupción.
Oswaldo Samayoa
Es decir, la instalación de la CICIG acompañó, además, un proceso de reforma legales para que todos los métodos sean más técnicos y científicos en la investigación criminal.
¿Pero no fue una justicia paralela?
Nunca funcionaron dos justicias, lo que hizo el sistema de justicia fue adecuarse, crear institucionalidad para dar trámite y tener capacidad de responder.
El Ministerio Público era siempre el que investigaba. Se creó la competencia de jueces de mayor riesgo, mientras que los casos contra políticos, militares y empresarios eran para jueces de distancia penal como ordinarios.
Era el mismo sistema de justicia solo que ahora tenía un ente muy fuerte de investigación, que usaba métodos especiales contra el crimen organizado aplicados al propio Estado.
¿Cuáles eran esos métodos?
Son los métodos que ya existen como escuchas telefónicas, vigilancia permanente y agentes encubiertos. Pero el sistema de Guatemala no los utilizaba a propósito o como la tradición de nuestra querida Latinoamérica se usaban para escuchar a opositores políticos.
¿Y cómo se blindaban para que esa información no se filtre?
Ahí es donde vienen los investigadores externos. La mayoría de investigadores no eran guatemaltecos, provenían de otros países, y con la garantía de los Estados que nos daban cooperación de altísima calidad ética y moral.
No voy a decir que no hubo problemas con algunos de ellos, pero fueron los mínimos.
¿Cuáles eran los perfiles?
Fueron policías formados, investigadores, abogados, analistas criminales, criminólogos criminalistas, gente experta en Economía por temas de lavado de dinero.
Fueron entre 150 y 200 personas, acompañadas por un pequeño grupo de guatemaltecos. En la primera ocasión se hicieron entrevistas a 100 policías guatemaltecos y uno pasó la garantía de confiabilidad de que no iba a ser comprado por el sistema de justicia, pues esa sola persona se contrató.
La situación de Guatemala parece calcada a la de Ecuador, ¿Cómo se sostiene con el tiempo una Comisión independiente de justicia?
En Ecuador, no sería una Comisión de Justicia. Tendría que ser de investigación criminal para que no sea un poder paralelo al establecido en la República ecuatoriana, pero que tenga garantías de independencia.
Hay que tomar en cuenta tres cosas, la primera es que la mayoría de los países latinoamericanos tiene acuerdos de cooperación por temas de crimen organizado transnacional. Me parece que es un punto que los Estados deben fortalecer para generar investigación y persecución adecuada.
El segundo es que en casi toda Latinoamérica, el crimen organizado ha ganado muchísimo terreno y está ocupando, no solo puestos políticos, sino puestos de justicia.
Los poderes económicos y políticos se confunden y se equivocan al hacer pactos con el crimen organizado, porque cuando hacen alianzas para sobrevivir o ganar impunidad, el crimen organizado va a terminar siendo desleal.
Se necesita un movimiento político que tenga claridad sobre qué está pasando dentro del Estado. Y aquí viene lo esencial, el tercer punto, un movimiento ciudadano y social consciente de que todo lo que está pasando le va a traer consecuencias negativas, con el apoyo de la gente se sostiene un organismo así.
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