En los dos primeros meses de 2022, la Policía ha incautado 355 armas de fuego en Guayaquil, Durán y Daule. Las bandas las obtienen por la frontera sur, los couriers, las narcoavionetas y asaltos a bodegas policiales.
“La guerra entre bandas”, esa es la justificación de la Policía para los crímenes que desangran a Guayaquil, Durán y Daule, un eje de ciudades también denominado Zona 8.
En la mayoría de los casos, las bandas utilizan armas de fuego sofisticadas que se trafican de manera fraudulenta y a través de cuatro vías: poblaciones en la frontera sur, los asaltos a bodegas policiales, los servicios de couriers y las narcoavionetas.
Hasta el 10 de marzo se incautaron 355 armas en operativos realizados en la Zona 8, según Víctor Zárate, comandante de la Policía de esta jurisdicción. Al menos “34 de estas fueron armas largas, fusiles o ametralladoras”, añade.
Para el experto en seguridad, Mario Pazmiño, las capturas de armas y drogas son “detenciones de oportunidad, que a veces se dan por una denuncia, pero no hay un seguimiento adecuado".
Tampoco hay una investigación sobre todas las aristas para prevenir las consecuencias de esas incautaciones, señala Pazmiño.
Frontera sur, la puerta principal
La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur, en uno de los 80 pasos irregulares que las autoridades han detectado.
Según el experto Pazmiño, la ruta del tráfico de armas empieza en Chile y Perú, va por Tumbes, Zarumilla hasta Machala, que es una ciudad denominada “bisagra”. Es decir, es un centro de acopio desde donde las armas y municiones son distribuidas a las provincias por dos corredores dentro del país.
Desde Machala las armas se distribuyen a Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y salen incluso a Nariño, Colombia.
El otro corredor en el sur es Azuay, luego Cañar y Baños, que también es una ciudad “bisagra”, para distribuir a Pichincha y a Quito. La capital funciona como punto de acopio, porque luego el armamento va a Tulcán y Lago Agrio para pasar por Puerto Asís, Mocoa y el eje cafetero de Colombia.
Asaltos a bodegas
Un segundo punto es “a través de los rastrillos de la Policía y el Ejército, de las bodegas donde está decomisado armamento”, explica Pazmiño.
Esto ya ocurrió en el asalto a la Policía Judicial de Quito, el 25 de febrero de 2022, por 30 hombres armados que ingresaron a las instalaciones donde se guardan armas y otras evidencias de los operativos.
El ministro de Defensa, Luis Hernández, no descarta incluso que elementos de la Policía y Fuerzas Armadas sean quienes saquen las municiones de las bodegas.
“Alguien denunció que el 30% de la munición capturada salió de la fábrica del Estado, llamada Santa Bárbara. Podría ser que elementos del Ejército estén sacando esa munición, igual que miembros de la Policía, que también son compradores de ese material”, dijo Hernández en entrevista con PRIMICIAS.
Las Fuerzas Armadas son las responsables del control de armas. Las capturas que hace la Policía deben ser entregadas por orden judicial al departamento de armas del Comando Conjunto, que se encarga de su destrucción.
La última entrega que hizo la Policía “fue de 50 armas de fuego, 3.988 municiones, nueve alimentadoras que estaban en los centros de acopio de la Policía Judicial de Guayas”, el 10 de marzo. Esta entrega no es ni la cuarta parte de lo que ha incautado la Policía en 2022.
Narcoavionetas y couriers
La tercera forma de traficar las armas es a través de las narcoavionetas. “Se llevan droga, pero dejan armamento para que las estructuras delictivas puedan utilizarlo y proteger la carga, por eso hay armas muy sofisticadas”, dice Pazmiño.
Y la cuarta ruta son los servicios de couriers, “donde las armas vienen desarmadas, municiones y explosivos”, añade el experto en seguridad.
No son pequeños paquetes. El 4 de marzo, detectaron una encomienda enviada desde Estados Unidos con 20 cargadores de balas de fabricación industrial para armamento militar, como el encontrado en la Penitenciaría del Litoral.
También se encontraron cinco cargadores de pistolas Glock 9 mm para 30 cartuchos. Son implementos “que no están autorizados para ingresar a Ecuador, para ningún club de caza, tiro, ni pesca”, explica el comandante de la Zona 8, Zárate.
Este tipo de armamento puede llegar a costar entre USD 15.000 y USD 30.000, según la oferta y demanda del mercado, que no siempre se paga en dólares, también lo pueden intercambiar con droga y minerales.
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