Un acuerdo por el bienestar social

Los regímenes de bienestar buscan garantizar calidad de vida a todas las personas. Como los analiza Gosta Sping-Andersen, estos regímenes se diferencian en cuanto a su capacidad de “desmercantilizar” el bienestar y de “estratificar” a la sociedad.

Los regímenes de bienestar “desmercantilizan” en cuanto garantizan, desde el acceso a determinados bienes y servicios como la salud, la educación y las pensiones, un nivel de bienestar mínimo, sin necesidad de adquirir bienes y servicios en los mercados, ya que estos excluyen en función de la capacidad de compra que tienen las personas.

Por su parte, “estratifican” en función de si son prestados de forma universal a todas las personas (menor estratificación con base en la igualdad de derechos) o si se los diferencia por condición económica o social (corporativización, mayor estratificación con base en privilegios).

La Constitución de Ecuador establece el régimen de bienestar, mediante responsabilidad del Estado la “protección integral al largo del ciclo de vida”, en los que denomina Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Busca garantizar a todas las personas (universalidad, menor estratificación) un conjunto de derechos (desmercantilización).

El contexto actual de bajo crecimiento económico y reducción de servicios públicos, que generan aumento del desempleo y de la pobreza, exige alcanzar acuerdos sobre la ampliación de los instrumentos de protección social, que constituyen el régimen de bienestar ecuatoriano.

En ellos la seguridad social, para trabajadores formales; pero, sobre todo, los servicios públicos de salud, educación y cuidado a grupos de atención prioritaria (por su vulnerabilidad) y las transferencias monetarias, que son lo que protege a familias con desempleo o con empleo no adecuado.

El acuerdo nacional que se requiere debe centrarse en el bienestar de las personas, en una sociedad justa, libre de pobrezas.

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