El país estuvo paralizado 12 días, sobre todo Quito. Cuantificar todas las pérdidas ocasionadas durante los días de vandalismo, caos y desestabilización es muy difícil. Aquí va una estimación.
Actividad económica. En el país se facturan en promedio USD 457 millones diarios. Según estimaciones de los gremios productivos (comercio, industrias, exportaciones, turismos, etcétera) las protestas tuvieron un perjuicio aproximado de 30% en las ventas nacionales. Es decir, el perjuicio habría ascendido a USD 1.590 millones durante el paro.
Recaudación fiscal. El golpe a las ventas afecta también al Fisco. El pago de impuestos depende en gran medida de las ventas e ingresos que genera la economía. El Estado habría perdido alrededor de USD 140 millones por la ‘recaudación cesante’ producto de la paralización.
Ingresos petroleros. Los actos vandálicos llegaron hasta los campos petroleros en el Oriente. Las pérdidas en activos producto de los desmanes estarían valoradas en más de USD 12 millones. Pero lo más grave es la afectación a la producción. Una veintena de campos petroleros tuvieron que interrumpir sus operaciones, dejando de producir 1,9 millones de barriles de crudo. Los perjuicios para el fisco superan los USD 101 millones.
Daños patrimoniales y materiales en Quito. Esto es lo más difícil de cuantificar. El valor histórico del patrimonio cultural de Quito es inconmensurable. Más de 200 piedras de la superficie original de la Plaza San Francisco no han sido recuperadas, por ejemplo. Las primeras estimaciones de daños materiales en el centro colonial de Quito superan los USD 500 mil.
Bienes públicos. Los bienes del Estado fueron el principal blanco de los actos terroristas. El edificio de la Contraloría General fue incendiado. En la Asamblea Nacional existen daños de más de USD 10 mil. Además, fueron dañados y destruidos 108 patrulleros, 7 motos, 26 unidades de policía comunitaria. A todo esto hay que añadir edificios de gobernaciones, oficinas de la judicatura, equipos y muebles de oficina, entre otros. Aunque estos daños aún no han sido valorados, las pérdidas podrían llegar hasta los USD 5 millones.
Bienes privados. No existe una valoración consolidada de los daños a viviendas, negocios y demás propiedades privadas. Cientos de negocios fueron saqueados y destruidos. El ataque a las instalaciones de Teleamazonas, diario El Comercio, antenas, universidades y demás marcaron el clímax de la barbarie y terrorismo. Las pérdidas son millonarias.
Vidas. Lo más lamentable de todo son las pérdidas irreparables. Al menos seis personas habrían perdido sus vidas como consecuencia de la violencia propiciada por los vándalos infiltrados. Esto sin contar las afectaciones a la integridad física y a la salud de los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, provocada tanto por indígenas como por delincuentes.
Todo esto suma más de USD 1.848 millones en pérdidas para el país. Cifra que podría acercarse a los USD 2.000 millones considerando los daños no cuantificados a la propiedad privada. ¿A quiénes le cobramos? ¿Quién asumirá y enfrentará la justicia por los daños?
El principal rol del Estado en una democracia es garantizar la seguridad, física y jurídica, la integridad de los ciudadanos y de la propiedad. En un estado de derecho, absolutamente nadie está por encima de la ley y los culpables deben ser juzgados.
¿Quiénes deben pagar? Los responsables del caos, los promotores del terrorismo, los vándalos y delincuentes que provocaron los destrozos, los líderes responsables de las movilizaciones violentas. Todos ellos deberían enfrentar la justicia y reparar los daños. Muchos están identificados. Si se organizaron para manifestar, que lo hagan para reparar.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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