Derecha salvadoreña pide nulidad de candidatura de Bukele a la reelección
En El Salvador estuvo prohibida la reelección hasta la llegada de Bukele al poder, pero fue habilitado por magistrados designados por oficialismo.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una reunión con el Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, el 25 de octubre de 2023.
Presidencia de El Salvador
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La derechista y exgobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) solicitó este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador declarar la nulidad de la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele, por considerarla inconstitucional.
"Como Arena y como defensores de la democracia venimos aquí a interponer un escrito para que se declare la nulidad de esa inscripción (de Bukele)", declaró César Reyes, un diputado de Arena, partido que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009.
El viernes el TSE aceptó inscribir la candidatura de Bukele para los comicios del 4 de febrero, aunque opositores alegan que lo prohíbe la Constitución.
"Estamos aquí para defender la Constitución de la República, para defender nuestro estado democrático, y sobre todo el estado de derecho, y que se cumplan y se hagan cumplir las leyes", subrayó Reyes.
En El Salvador estuvo prohibida la reelección hasta la llegada de Bukele al poder, por lo que opositores y abogados han adelantado que seguirán presentando recursos al TSE.
Bukele fue habilitado para optar a la reelección en 2021 por magistrados de la Corte Constitucional nombrados por el Congreso dominado por el oficialismo.
El candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, adelantó que su agrupación también prestará un escrito en los próximos días para solicitar al TSE la nulidad de la candidatura del mandatario.
Milenial de 42 años, Bukele, hábil con las redes sociales, es el presidente más popular de América Latina con el respaldo de 90% de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la oenegé Latinobarómetro 2023.
Ese generalizado apoyo radica en su plan de seguridad que llevó tranquilidad a comunidades aterrorizadas por las pandillas, pero a costa, según grupos humanitarios, de derechos limitados por el régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
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