El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denuncia una persecución política y judicial que busca anular las elecciones que ganó con el 60% de los votos.
El Congreso de Guatemala está entrampado en discusiones de última hora que retrasan la
investidura como presidente del socialdemócrata Bernardo Arévalo, blanco de maniobras
judiciales que buscaron durante meses invalidar la sorpresiva victoria que logró con su
promesa de combatir la corrupción.
La Constitución de Guatemala establece que el Congreso debe juramentar al
nuevo presidente a más tardar a las 16:00 locales (15:00 Ecuador), pero al cumplirse este plazo ni siquiera estaba instalado el nuevo parlamento.
"Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las
urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de
poder", escribió Arévalo en la red social X.
El Congreso, mayoritariamente de derecha, no logra ponerse de acuerdo en la elección de la
nueva junta directiva debido a que discute si declarar "independientes" a los diputados del
partido Semilla de Arévalo, en virtud de una orden judicial de suspensión de ese movimiento
político por supuestas irregularidades en su creación.
El retraso de la investidura desató malestar entre los cientos de seguidores de Arévalo, entre ellos muchos indígenas, que, entre empujones con la policía, se abrieron paso para acercarse a la sede parlamentaria. Hasta ahora la policía no ha reprimido la manifestación.
"El pueblo está observando"
El sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, Bernardo Arévalo, pasó inesperadamente en junio a la segunda ronda presidencial con una candidata conservadora aliada del oficialismo, a quien venció cómodamente con un 60% de los votos por su mensaje anticorrupción.
Desde entonces, Arévalo y el Movimiento Semilla han enfrentado una ofensiva judicial que él denunció como un "golpe de Estado". Detrás del que estaría la élite política y económica que por décadas ha regido los destinos del país.
La Fiscalía intentó retirarle la inmunidad de presidente electo, desarticular su partido
progresista y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.
La embestida, basada en casos "espurios" según Arévalo, fue condenada por la ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, que sancionó a cientos de fiscales, jueces y diputados por "corrupción" y "socavar la democracia".
Como muestra del respaldo, al traspaso de mando asisten el jefe de la diplomacia europea,
Josep Borrell, delegados de Washington, el rey de España, Felipe VI, y, entre otros, los
presidentes de Colombia, Chile, Honduras y Panamá.
"El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando", agregó Arévalo en X.
Una reunión de cancilleres que asisten a la investidura fue convocada de forma urgente por
Costa Rica.
¿Podrá gobernar?
Arévalo sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, quien ha sido vinculado al llamado
"pacto de corruptos".
Durante su gobierno se exiliaron decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción.
Hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Arévalo reconoce que afrontará
enormes desafíos pues las "élites político-criminales, al menos durante un tiempo, seguirán
enquistadas" en poderes del Estado.
Arévalo le pedirá esta semana la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de la ofensiva judicial, pero analistas no descartan que la Fiscalía continúe la persecución y solicite al Congreso retirarle la inmunidad de presidente.
"Estará bajo acoso permanente. Su mayor desafío es responder al deseo de la gente: no ser
gobernada por el pacto de mafiosos. Tiene que desarticularlo para poder gobernar", dijo el analista Manfredo Marroquín.
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