Las autoridades peruanas allanaron este sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y la sede de gobierno, en el marco de una investigación sobre unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de sus bienes.
En la madrugada de este sábado 30 de marzo de 2024, agentes de policía junto a fiscales ingresaron a la casa de Boluarte, en Lima, y luego registraron el palacio de gobierno, en busca de los relojes Rolex cuyo origen la mandataria no ha precisado.
"Vamos a hacer la revisión en palacio, a hacer el allanamiento según la orden judicial", dijo brevemente a los periodistas el coronel Harvey Colchado antes de entrar a la sede presidencial.
Colchado se abstuvo de confirmar si en el primer allanamiento encontraron las joyas, aduciendo el carácter "reservado" de la investigación.
#URGENTE Perú: Desde las 11 p.m.. del viernes un equipo de la @FiscaliaPeru y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP allanan la vivienda de la presidenta #DinaBoluarte. [1/2] pic.twitter.com/7bLcTWrPqA
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) March 30, 2024
Según un documento policial, en la diligencia intervinieron unos 40 agentes y fiscales.
En la presidencia desde diciembre de 2022, Boluarte comenzó a ser investigada este mes por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
La irrupción al domicilio "tiene fines de registro e incautación", dijo la policía.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.
Los allanamientos fueron repudiados por el primer ministro Gustavo Adrianzén:
"Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales".
Las operaciones de registro se efectuaron luego de que la fiscalía no aceptara que la presidenta reprogramara una comparecencia en la que debía mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.
Posibles consecuencias
Si llegara a ser acusada de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo respondería en un eventual juicio después de julio de 2026 cuando termina su mandato, según fija la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando "incapacidad moral".
Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretar.
Según el jefe del gabinete, al momento de los allanamientos Boluarte se encontraba en su residencia dentro del palacio de gobierno.
La presidenta seguirá "colaborando con la fiscalía" y rendirá su declaración cuando se le convoque, añadió Adrianzén en la red X.
El escándalo por los Rolex
El escándalo por los Rolex estalló tras un reportaje del programa periodístico "La Encerrona" a mediados de marzo.
El medio reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia.
Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj "de antaño" y que es producto de su "esfuerzo", ya que trabaja desde los 18 años.
"He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano".
Dina Boluarte
A raíz del escándalo por los relojes Rolex, la Contraloría de la República, anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial.
Su popularidad no supera el 10% en las encuestas y carece de bancada propia en un Congreso controlado por la derecha y ultraderecha.
Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió la primera magistratura el 7 de diciembre del 2022 luego que el Congreso destituyera al presidente izquierdista Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento, gobernar por decreto, intervenir el sistema judicial y convocar una Constituyente.
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