El presidente del directorio del IESS, Jorge Wated, informó sobre el aumento de los casos de Covid-19 en el país. Además, dijo que la entidad investiga a 936 profesionales de la salud por derivaciones de pacientes a otros hospitales.
Los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las provincias de Pichincha y Guayas están al límite, sostuvo Jorge Wated, presidente del directorio del IESS, en una rueda de prensa virtual realizada el 15 de enero de 2021.
Hasta el 15 de enero de 2021, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos de Pichincha era de 110 camas y todas están ocupadas.
En el caso del área de hospitalización, de 355 camas habilitadas, sólo 29 están disponibles.
En Guayas, la situación también es crítica. Aún con la ampliación de 20 camas en cuidados intensivos en el Teodoro Maldonado, todas están ocupadas. Y en hospitalización tienen espacio para 65 pacientes.
A escala nacional, el IESS ha atendido a casi 1,3 millones de personas durante la pandemia. Al 11 de enero, la ocupación hospitalaria fue del 95%. El 18 de diciembre estaba al 57%
Investigaciones por corrupción
El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, lleva dos semanas intervenido y se ha encontrado que los pacientes que se someten a diálisis, lo hacían en salas sin aire acondicionado.
Del cementerio de equipos que guarda el IESS, han podido reparar 19 ventiladores que ahora sirvieron para ampliar la capacidad del área de UCI.
Actualmente, las investigaciones se centran en 936 profesionales de la salud de los hospitales del IESS que también trabajan en otras casas de salud. Algunos de ellos, dijo Wated, servirían de nexo para derivar servicios a costo del IESS.
Además, el IESS investiga a 80 médicos, explicó Jorge Wated, que “han motivado 1.754 derivaciones a prestadores externos donde también trabajan”.
“Existe una presunción de un problema que significa recursos y afectación para el IESS”.
Si estas prestaciones de salud se atendían en las unidades médicas del IESS, se habría ahorrado alrededor de un 30% en su costo, es decir USD 364.000, aseguró el funcionario.
El vínculo de esos 80 trabajadores, que supuestamente han hecho 1.564 derivaciones de servicios, representan casi USD 1,2 millones.
Actualmente están investigando si esas transferencias tenían una necesidad real o se realizaban para beneficiar a esos prestadores.
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