El Estado ecuatoriano tiene un plazo de tres meses para responder una carta enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso denominado “Los 10 de Luluncoto”.
Este domingo, 2 de junio de 2019, representantes de los 10 de Luluncoto trasladaron la misiva de la CIDH al Estado ecuatoriano, informó Ramiro Vinueza, hermano de Víctor Hugo Vinueza, uno de los condenados por intento de terrorismo, por una acusación planteada por el Ministerio del Interior de la época del expresidente Rafael Correa.
Con Víctor Hugo Vinueza también fueron procesados: Luis Merchán, Royce Gómez, Abigail Heras, Ana Campaña, Pablo Castro, Fadua Tapia, Héctor Estupiñán, Santiago Gallegos y César Zambrano.
Todos fueron detenidos durante un allanamiento que fue parte del operativo “Sol Rojo”, efectuado el 3 de marzo de 2012 por fuerzas especiales de la Policía, cuando estaban reunidos en un departamento localizado en el sector de Luluncoto, al sur de Quito. Inicialmente, el gobierno los acusó de terrorismo.
El proceso implicó que fueran llevados a juicio las tres mujeres y los siete varones. Ellos permanecieron en prisión durante ocho meses hasta que fueron liberados tras interponer un recurso de hábeas corpus.
Las mujeres, en cambio, estuvieron detenidas durante un año y tres días. Cabe indicar que Fadua Tapia permaneció ese mismo tiempo con arresto domiciliario, por hallarse embarazada de cuatro meses cuando se produjo la detención.
Acusación cambia el tipo penal
El gobierno de entonces no logró probar la acusación de terrorismo, por ese motivo fue cambiado el tipo penal a intento de terrorismo, delito por el que recibieron condena.
Para los 10 de Luluncoto la sentencia constituyó una violación a los derechos humanos, por eso apelaron ante la Corte de Justicia de Quito y luego ante la Corte Nacional, sin lograr su objetivo. Tras agotar esas instancias llevaron el caso ante la CIDH.
Una vez recibida la carta de la CIDH, el Estado podría reconocer que los procesados no incurrieron en los delitos imputados, de ese modo tendría que formular una propuesta de reparación a las víctimas, dentro de los estándares nacionales e internacionales.
Otra posibilidad es que el Estado guarde silencio, como lo hizo ante una misiva similar por el caso “Los tres de Cotopaxi”.
Ante esta eventualidad, el representante de los 10 de Luluncoto recordó que el presidente de la República, Lenín Moreno, hace poco dijo en declaraciones públicas que ese caso, igual que el 30-S fueron parte de una trama del gobierno pasado.
Además, la Defensoría del Pueblo, cuando fue encabezada por Gina Benavides, ofreció disculpas públicas a los 10 de Luluncoto, junto con el reconocimiento de que fueron víctimas de una violación a los derechos humanos.
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