Una auditoría externa de la Contraloría sostiene que la Prefectura pagó casi USD 600.000 en tres contratos celebrados entre 2015 y 2016 sin presentar sustentos.
La Fiscalía analiza tres contratos de la Prefectura del Guayas relacionados con una investigación por supuesto peculado en la contratación de la campaña “Cultura, turismo y productividad” suscrita entre 2015 y 2016, durante la administración de Jimmy Jairala.
Según la auditoría externa de la Contraloría General del Estado, el perjuicio de estos contratos sería de cerca de USD 600.000.
Se trata de tres contrataciones por régimen especial realizadas por la gerencia de la desaparecida Empresa Pública de Inversiones y Desarrollo de Negocios Sostenibles del Gobierno Autónomo del Guayas (Inverguayas) con las empresas Kisserza y Tradeline.
Con Kisserza se firmaron dos contratos, el primero en septiembre de 2015 por una campaña de difusión de la cultura, el turismo y la productividad de Guayas por USD 92.340.
#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc procede a fijar 3 contratos en @PrefGuayas, como parte de una investigación por presunto peculado en la contratación de la campaña "Cultura, turismo y productividad" (2015-2016). El perjuicio sería de 600.000 dólares. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/4cCItjamxt
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 18, 2021
El segundo corresponde a marzo de 2016 por la campaña de difusión turística Guayas por USD 445.824.
En los dos casos, dice la Contraloría, los valores fueron cancelados sin que se evidencie en el acta de entrega recepción ni en el informe del administrador la entrega total de los productos contratados.
En el caso de Tradeline, Inverguayas contrató sus servicios en julio de 2015 para una feria de difusión de los programas y proyectos turísticos de la Prefectura del Guayas dentro del plan del Buen Vivir, por USD 61.560.
La auditoría señala que Inverguayas adjudicó convenios para el otorgamiento de las pólizas como garante solidario, lo cual está prohibido por la Ley de Empresas Públicas.
El fiscal César Suárez Pilay, encargado de la Fiscalía 6 de Administración Pública, realizó la diligencia y aseguró que se investiga un posible sobreprecio, así como la veracidad de la entrega de los productos contratados.
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