Al mandatario de Perú se lo investiga por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
El fiscal Pablo Sánchez amplió la investigación contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Castillo es investigado desde el año pasado por una supuesta irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín.
La Fiscalía de la Nación precisó que el presidente "tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa".
Las investigaciones contra Castillo responden, en parte, a las confesiones de la empresaria Karelim López. Ella acusó al jefe de Estado y a su entorno más cercano de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
Durante un interrogatorio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, López mencionó entre los presuntos integrantes de esa organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco.
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