Las fuerzas de seguridad de Colombia detuvieron en Medellín a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la excongresista Piedad Córdoba, después de que Estados Unidos solicitara su extradición por supuestos vínculos con actividades de narcotráfico, informó la Policía.
La exsenadora pidió a través de sus redes sociales que se acabe con “la persecución política” contra ella y su familia tras conocer los hechos. “Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados”, se defendió.
El detenido fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011.
La exsenadora Córdoba retó a que “se muestren las pruebas que sustentan este nuevo montaje judicial”, para después cuestionar por qué si su hermano fue capturado el miércoles “se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy”.
“¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”, agregó Córdoba.
Además, recordó que ya denunció “los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores“, concluyó la política.
Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial.
— Piedad Córdoba (@piedadcordoba) February 4, 2022
Piedad Córdoba regresó a la política y ahora es candidata al Congreso por el Pacto Histórico, del izquierdista Gustavo Petro. La exsenadora es señalada de tener supuestos vínculos con el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el barranquillero Álex Saab.
Saab, de 50 años, fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.
Córdoba fue senadora entre 1994 y 2010 por el Partido Liberal, y en 2010 fue inhabilitada por 18 años por el entonces procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC, hoy convertidas en partido político.
Una medida que fue anulada en octubre de 2016 por el Consejo de Estado y la exsenadora pudo retomar su actividad política.
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