Continúan las violentas manifestaciones en Chile, el país que siempre ha servido como ejemplo para sus pares latinoamericanos. El presidente Sebastián Piñera buscó el apoyo de la izquierda para poner fin al caos pero éstos no acudieron al encuentro con el presidente chileno.
Las protestas en Chile se reanudaron con fuerza la tarde del martes 22 de octubre.
El presidente Sebastián Piñera intenta convocar apoyo político para frenar las manifestaciones, que han dejado 15 muertos y cuantiosos daños.
El mandatario de centroderecha citó a los principales partidos políticos del país a una reunión en La Moneda en un intento por buscar soluciones a la crisis, pero las agrupaciones de izquierda opositora, como el Partido Socialista, Comunista y el bloque Frente Amplio, rechazaron asistir al encuentro.
El gobierno "aún piensa que estamos frente a una crisis relacionada con el orden público y no con una demanda social acumulada por años de abuso a las chilenas y chilenos", dijo en un comunicado el Partido Socialista.
La ministra portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, calificó de "lamentable" la ausencia de algunos partidos de oposición en la reunión con Piñera y dijo que esperaba que pudieran reconsiderar su posición para buscar una salida al estallido social que se desencadenó tras un alza del transporte.
Después de la reunión, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, dijo que pidieron rectificaciones a Piñera, como reorientar las reformas que impulsa en tributos y pensiones.
Muertos y heridos
El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que la Fiscalía investiga las muertes de personas baleadas y que hay casi dos centenares de heridos entre civiles y uniformados, y más de 2.600 detenidos.
Posteriormente, el Ministerio Público reveló los nombres de siete fallecidos, aunque aún faltaba identificar a personas que murieron calcinadas y otra electrocutada.
Las protestas se iniciaron hace poco más dos semanas con convocatorias de estudiantes a través de redes sociales para evadir el pago del pasaje del metro, el más moderno de América Latina.
Sin embargo, luego se sumaron demandas de larga data sobre pensiones insuficientes o acceso a salud y educación pública de calidad, entre muchas otras.
Los saqueos masivos y la destrucción de mobiliario urbano llevaron a las autoridades a declarar estado de emergencia y un toque de queda que se renovó por tercer día consecutivo el martes.
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