El presidente peruano Pedro Castillo anució el 2 de noviembre de 2021 que aceptó la renuncia de su ministro de Interior, Luis Barranzuela, uno de sus ministros más criticados por la oposición parlamentaria.
Su salida ocurre en medio de críticas por supuestamente haber organizado una fiesta en su vivienda pese a las restricciones por la pandemia del coronavirus y mientras el país encara conflictos sociales.
Barranzuela era responsable de la seguridad y control interno. Según medios locales había realizado el domingo una fiesta en vísperas de un feriado no laborable, aprovechando para celebrar el día de la canción criolla del país y Hallowen.
Barranzuela, que se convirtió en el segundo ministro de Interior en salir en los tres meses del gobierno de Castillo, rechazó haber organizado una fiesta y alegó que fue una reunión de coordinación con funcionarios para resolver los conflictos.
Barranzuela fue uno de los ministros más cuestionados por la oposición política, que domina el Congreso que pidió de manera insistente que se le destituya, por haber sido abogado del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un caso de corrupción.
También se le cuestionó por las decenas de sanciones que recibió cuando era policía, así como por declaraciones anteriores a favor de que se paralice la erradicación de la hoja de coca en el país.
Precisamente, el pleno del Congreso retomará el debate y votará el 4 de noviembre por el pedido de confianza que hizo la semana pasada el gabinete que preside Mirtha Vásquez, quien asumió como primera ministra el 6 de octubre de 2021.
Una tregua en las protestas
Esta renuncia ocurre en un contexto de protestas sociales contra la minera Antamina, la mayor productora de cobre de Perú. Los moradores de la comunidad de Aquia, en la región de Ancash, aceptaron una tregua y suspender el bloqueo contra el yacimiento que detuvo sus operaciones debido al conflicto, dijo el Gobierno.
La protesta, parte de una oleada de conflictos contra el clave sector minero en Perú, había puesto nervioso a los inversionistas y los mercados del país cayeron el martes. "La tregua se hará efectiva cuando llegue un representante de la empresa Antamina a suscribir el acta respectiva", dijo por Twitter el ministerio de Energía y Minas.
Antamina, que tiene como accionistas a Glencore y a BHP, cada uno con 33,75%, a Teck con 22,5% y a Mitsubishi con 10%, suspendió sus operaciones el domingo luego de varios días de bloqueo de una carretera usada por la empresa; mientras que el mayor grupo de la industria denunció una "espiral de protestas" en el sector.
El presidente Castillo había enviado a funcionarios al área de conflicto, para negociar después de que los manifestantes dijeron a Reuters que no levantarían el bloqueo sin conversaciones formales primero.
La comitiva, liderada por el ministro de Energía y Minas de Perú, Eduardo González, llegó a la comunidad de Aquia a unos 60 kilómetros de Antamina en la región andina de Ancash. "Se informó que en los próximos días se instalará la Mesa de Diálogo de Alto Nivel solicitada por la población", dijo el ministerio
Castillo, que asumió la presidencia en julio, ganó las elecciones con un abrumador apoyo de residentes cercanos a las zonas de yacimientos mineros, comprometiéndose a distribuir mejor los beneficios por la explotación de los recursos.
Las comunidades se han quejado durante muchos años de que el auge del país por las mineras no ha llegado a los más pobres.
Los residentes de Aquia alegan que Antamina no ha pagado por completo las tierras comunitarias que compró hace dos décadas para construir una carretera que conduce al yacimiento y un mineroducto que transporta mineral hacia la costa del Pacífico. La minera ha dicho antes que ha asumido sus obligaciones.
La minería es la principal fuente de ingresos fiscales para Perú, que tiene una cartera de futuros proyectos mineros que el gobierno estima en USD 56.000 millones. La minería es responsable del 60% de las exportaciones de Perú.
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