La exvicepresidenta, condenada a un año de prisión por el cobro de diezmos, solicitó este beneficio.
La Procuraduría General del Estado manifestó su “rotunda” oposición a la suspensión de la ejecución de la pena de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.
Ella recibió una condena por el cobro de diezmos a excolaboradores.
“La posición se fundamenta en que no se cumple con el requisito establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, indica la Procuraduría.
Y considera que la conducta de la sentenciada es “muy grave puesto que faltó y defraudó la confianza depositada en ella por el pueblo ecuatoriano”.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Vicuña a un año de prisión como autora del delito de concusión y a pagar una multa de USD 173.180.
“La gravedad que la norma da a esta conducta es indiscutible, incumpliéndose así el requisito para la suspensión de la pena”, sostiene la Procuraduría.
Según el procurador Iñigo Salvador, “el suspender la ejecución de la pena podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción”.
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