La Fiscalía presentó cargos y la jueza Yadira Proaño encontró elementos suficientes para enjuiciar a José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana.
El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, enfrentará un juicio por el delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos a cambio de dinero.
La Fiscalía acusa a Tuárez de gestionar puestos en el sector público a cambio de sumas que van entre los USD 5.000 y USD 500.000. Junto a él serán acusados otras seis personas, informó la Fiscalía en un comunicado.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez, presentó 45 elementos de convicción. Entre ellos constan “las escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados y documentación”.
Según Suárez, el expresidente del Cpccs ofertaba cargos públicos en entidades como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.
Otros involucrados
Las investigaciones de la fiscalía concluyeron que en estas reuniones participaban otros miembros de la organización, entre ellas Renata Jalkh.
Ella acordaba los puestos a ofertar e indicaba los valores que debían cancelarse por ello. Además solicitaba porcentajes de los montos de los contratos públicos.
Jalkh fue sentenciada el pasado 17 de julio por el mismo delito que ahora se acusa a Tuárez. La condena fue un año de prisión. Ella es hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Fiscalía informó que 12 procesados por este caso se acogieron al procedimiento abreviado. Por ello recibieron sentencias de un año de cárcel, multas de USD 1.600, impedimento para postularse a cargos de elección popular por 10 años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.
Tuárez defiende su inocencia y denuncia persecución política.
El exfuncionario, que además era sacerdote católico, fue destituido de la Presidencia del Cpccs junto a otros tres vocales, en un juicio político en la Asamblea Nacional el 14 de agosto de 2019.
El artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de asociación ilícita con penas de entre tres y cinco años de cárcel.
Tuárez guarda prisión preventiva en Guayaquil desde el 28 de noviembre de 2019 cuando se llevó a cabo el operativo ‘Emperador’ que detuvo a 32 personas vinculadas a la trama de venta de cargos públicos.
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