Unos 7.122 centros de votación que fueron distribuidos en Uruguay para elegir al nuevo presidente de la Nación y a 99 diputados y 30 senadores. Las proyecciones hablan de una segunda vuelta entre Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA, izquierda), y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha).
El 89% de 2,7 millones de ciudadanos salieron a las urnas para elegir al presidente de Uruguay para el período 2020-2025 y la composición del Parlamento, según datos de la Corte Electoral.
Al cierre de las mesas de votación, excepto en los departamentos de Rivera y Cerro Largo, que pidieron la extensión de una hora más, 2,3 millones habían emitido su sufragio.
El voto es obligatorio en Uruguay y solo se puede ejercer en su territorio, es decir, no están habilitados ni el sufragio por correo ni el consular.
Uruguay vive las elecciones más igualadas de los últimos años, hasta el punto de que es casi seguro que no haya mayorías absolutas en el Parlamento.
Además, se prevé una segunda vuelta presidencial, que tendría lugar el 24 de noviembre, de mantenerse las proyecciones que presenta el 19% de votos ya escrutados.
El candidato a la presidencia de Uruguay Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda), habla a sus simpatizantes. EFE
Los dos candidatos para ese balotaje son Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA, izquierda), coalición que gobierna Uruguay desde 2005, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha).
Por detrás, a bastante distancia, aparecen Ernesto Talvi, del Partido Colorado (PC, centroderecha), y el exmilitar Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (derecha).
En los centros de votación, los ciudadanos también disponían de papeletas con el "Sí" para quienes decidan apoyar el plebiscito sobre la propuesta de reforma constitucional llamada "Vivir sin miedo", impulsada por el senador del PN Jorge Larrañaga.
La reforma promueve la regulación del "allanamiento nocturno por orden judicial", el cumplimiento de penas "en su totalidad", la "reclusión permanente" y revisable tras 30 años de cárcel y la creación de "una Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública".
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