Concejo de Quito pide al Gobierno más medidas de seguridad tras explosiones
El Municipio de Quito anunció que hará un seguimiento a los procesos judiciales relacionados con las explosiones de coches bomba en la capital el 30 y 31 de agosto.
El Concejo Metropolitano de Quito en sesión el 5 de septiembre de 2023.
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El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución en la que exige al Gobierno Nacional y a otras entidades de la Justicia más medidas relacionadas con la seguridad, tras las explosiones de dos coches bomba en la capital, el pasado 31 de agosto.
La sesión del Concejo se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2023 y fue presidida por el alcalde Pabel Muñoz, quien aseguró que agosto fue "el mes más violento" que ha vivido Quito.
El comandante de Policía de Quito, Víctor Herrera, presentó un informe sobre la situación de seguridad en la capital, quien expresó que lo que más preocupa es el aumento de las muertes violentas y extorsión.
La resolución del Concejo Metropolitano tiene 12 artículos y está dirigida al presidente Guillermo Lasso, a la Fiscalía y a la Función Judicial. Estos son los puntos más destacados:
Pedidos al presidente Guillermo Lasso
- Que garantice la protección de los ciudadanos, la seguridad integral y el orden público en el distrito metropolitano, con suficientes recursos económicos y humanos.
- Socialización y ejecución inmediata del Plan de Seguridad Integral y Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.
- Que, durante el traslado de personas privadas de la libertad, disponga a los órganos competentes que extremen sus medidas de seguridad para evitar nuevas acciones de violencia y criminalidad.
- Que otorgue al sistema nacional de inteligencia todas las capacidades financieras, humanas, técnicas y tecnológicas especiales para que cumplan su trabajo.
A la Fiscalía y la Función Judicial
- Garantizar la no impunidad de los actos delictivos.
- Requerir al Consejo de la Judicatura, de ser procedente, que inicie los procesos administrativos disciplinarios en contra de los operadores de justicia que hayan ocasionado la impunidad de actos delictivos y hayan puesto en libertad a personas que se presume participaron en la colocación de explosivos el 30 y 31 de agosto.
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