Contraloría confirma sobreprecio de 40% en compra de kits alimenticios

Entrega de kits alimenticios en Pisulí, Quito, el pasado 24 de abril.

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12 may 2020 - 06:46

La principal irregularidad detectada por la Contraloría en la contratación de 7.000 kits alimenticios es el sobreprecio. Según el informe, emitido por la institución la noche del 11 de mayo, la Secretaría de Gestión de Riesgos adjudicó un contrato por USD 1,1 millones cuando debió pagar USD 706.790.

Este sobreprecio fue alertado por PRIMICIAS el 7 de mayo, cuando se indicó que la Secretaría había comprado los kits de alimentos en USD 150, cuando el precio en el mercado era de USD 86.

El examen de Contraloría explica que el sobreprecio en el contrato se origina por dos razones:

Hay una diferencia de USD 389.620 entre el valor unitario de cada ración alimenticia contratada y su costo en el mercado. El informe determina que "se evidencian diferencias de hasta USD 7,7 en los valores de los víveres".
El contratista adicionó el valor del IVA a todos los productos, a pesar de que solo ocho son gravados con este impuesto. Esta acción elevó el costo del contrato en USD 86.000.

Estas variaciones en los precios del valor total del kit alimenticio, incluido el reajuste del IVA, dan como resultado un sobreprecio de más de 40%, señala Contraloría.

Por otra parte, la entidad explica que los funcionarios de la Secretaría de Riesgos recibieron vía correo electrónico dos proformas, pero sin especificar los precios unitarios de cada producto que conformarían los kits alimenticios.

Además, los funcionarios no realizaron un "análisis de la oferta ni se la comparó con otras del mercado".

Anomalías observadas en el proveedor

Sobre el proveedor adjudicado, la Contraloría indica que esta persona natural cambió su actividad económica principal en el Servicio de Rentas Internas (SRI) el mismo día que presentó la oferta a la Secretaría.

Es así que el contrato se suscribió el pasado 1 de abril sin "evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica del proveedor".

Además el contratista ganador no reporta pagos de Impuesto a la Renta desde antes de 2019. En ese año declaró USD 1.279.

Todas estas irregularidades establecidas por la Contraloría devienen en indicios penales, que deberán ser investigados por la Fiscalía.