El futuro del CPCCS queda en manos de la Corte Constitucional

Tras argumentar que los consejeros no respetaron el dictamen constitucional, la fiscal Diana Salazar pidió la destitución y sanción de Alembert Vera, presidente del CPCCS, Sócrates Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto. “Esta corte tiene el deber constitucional de destituir a todos quienes incumplieron el dictamen 219”, insistió Salazar en su alegato final. Salazar aseguró que el CPCCS convocó a una audiencia para exponer sobre los documentos usados en el concurso para Fiscal General, al que no asistió porque "iba a avalar un incumplimiento". Y acusó al organismo de dar paso al pedido de un colectivo ciudadano, para analizar la documentación de dicho concurso. El abogado de Salazar, José Luis Arcos, aseguró que por parte de los consejeros hay una "transgresión directa" al dictamen de la Corte Constitucional. https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1706330988593201505

El presidente del CPCCS, Alembert Vera, respondió que en este Consejo de Participación "no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación" de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Aseguró que la única actuación realizada por el CPCCS fue la sesión del 29 de junio de 2023, en la que se aprobó un informe elaborado por la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción que trata sobre el supuesto plagio de la fiscal. Sobre la conformación de la veeduría, aseguró que "no se ha violentado o incumplido" el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que impide a cualquier CPCCS evaluar lo actuado por el organismo que presidió Julio César Trujillo. “No hay ningún intento de destituir a ninguna autoridad”, insistió el presidente del CPCCS.

El abogado de Alembert Vera, Lyonel Calderón, empezó su intervención advirtiendo a los jueces de la Corte que ellos no pueden destituir a los integrantes del CPCCS, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los dignatarios y autoridades de los países suscritos a este organismo "están vedados de realizar la inhabilitación o destitución de funcionarios electos a través de votación popular", señaló el abogado.

Después de la intervención del presidente del CPCCS, fue el turno de Nicole Bonifaz López, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los demás consejeros, quienes se expresaron mediante sus abogados. Bonifaz aseguró que han sido involucrados "injustamente en intereses personales de ciertos actores". El abogado de Johanna Verdezoto defendió que la aprobación del informe sobre el presunto plagio realizado por la fiscal "se enmarca en las competencias de lucha contra la corrupción" que tiene el CPCCS. El consejero Augusto Verduga tuvo una postura similar. Aseguró que el pedido del colectivo para conformar una veeduría tiene que ver con una instancia de participación y no de investigación. El abogado los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, Óscar Zuñiga, aseguró que sus defendidos se desmarcaron de la postura de la mayoría, a quienes acusó de sí intentar irrespetar el dictamen.

Ismael Merizalde, coordinador General de Asesoría Jurídica del CPCCS, sostuvo que la intención de conformar la veeduría para revisar lo actuado por el Transitorio nació de una iniciativa de un colectivo ciudadano, Acción Jurídica Popular. El abogado detalló que, según los reglamentos, la conformación de la veeduría tiene límites, pero que "el dictamen 219 no expresa ningún límite para la conformación de una veeduría ciudadana en los casos que existe iniciativa de la ciudadanía", aseguró. Merizalde añadió que en el reglamento general de veedurías existe una parte previa para su conformación, en la que se establece el objeto de la veeduría.