La sentencia de un juez de Montecristi fue el argumento utilizado por Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación (CPCCS), para desacatar un dictamen previo de la Corte Constitucional e iniciar un impasse con investigaciones de por medio.
"¿Es merengue o no es merengue?". El mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Alembert Vera, aduce que no entiende dónde nació el enredo entre la institución que preside y la Corte Constitucional (CC), que involucra también a la Fiscalía.
La importancia del último impasse entre estas instituciones radica en que el CPCCS es la entidad nominadora de las autoridades de control. Esa función lo ha convertido en un botín político de los grupos de poder, en lugar de cumplir su rol teórico de canalizar la participación ciudadana.
Desde su creación en 2008, las administraciones del CPCCS se han caracterizado por dividirse en facciones cercanas a los gobiernos de turno y facciones de oposición. Pese a la prohibición legal de que sus miembros sean militantes de partidos políticos.
Pero, desde 2019, los consejeros se eligen en las urnas y esto -contrario a su objetivo- ha hecho que sean más evidentes los vínculos políticos entre los candidatos y los partidos y movimientos.
Ahora, el Consejo está conformado por tres figuras cercanas al correísmo, dos al Partido Social Cristiano (PSC) y dos, aparentemente, independientes. Esto ha hecho que las actuaciones del organismo continúen siendo interpretadas como jugadas políticas.
Por ejemplo, está la pugna entre el CPCCS y la Fiscal General, que derivó en tres casos penales en proceso. También está el anuncio de Alembert Vera, presidente del Consejo y exabogado de Rafael Correa, de fiscalizar al Gobierno Nacional.
Y, finalmente, el enredo que apunta a analizar la designación de la Corte Constitucional.
De manera paralela, el país espera el desenlace de los concursos públicos para la designación de Contralor, Defensor Público y Defensor del Pueblo, además de las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Tanto la Contraloría General del Estado como el CNE son las designaciones que mayor interés generan entre los grupos de poder, por el papel y el poder que tienen esas instituciones.
Ahora, los nuevos consejeros, especialmente Vera, se enfrentan a la posibilidad de una destitución, que se dejó entrever en las reacciones de la Corte Constitucional y la Fiscalía, después que el CPCCS convocara a una 'veeduría ciudadana' para evaluar la conformación de la última Corte Constitucional.
A continuación PRIMICIAS hace un recuento del último enredo jurídico entre el CPCCS y la Corte Constitucional:
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La consulta de 2018
El Pleno del Consejo de Participación Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo, durante una sesión. CPCCS-T
El resultado de la consulta popular de 2018 ordenó la creación de un Consejo de Participación Transitorio, que revisara la designación de las autoridades de control. Este organismo, presidido por Julio César Trujillo, cesó en funciones a los jueces constitucionales de ese entonces y organizó un concurso para designar a sus reemplazos.
Esa nueva Corte Constitucional es la que está vigente. La primera renovación parcial se llevó a cabo a inicios de 2022, cuando se cambió a tres de los nueve magistrados.
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Sentencia interpretativa
El 7 de mayo de 2019, la Corte Constitucional emitió el dictamen interpretativo 2-19-IC/19, que blindó las decisiones del CPCCS Transitorio y determinó que estas no pueden ser revisadas por el CPCCS ordinario.
Entre estas decisiones está el nombramiento de la misma Corte Constitucional.
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Petición de veeduría
El 12 de mayo de 2023, la ciudadana Betty Moreira Marcillo solicitó al CPCCS la creación de una veeduría para “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designaciones de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio".
La administración pasada del CPCCS negó el pedido el 17 de mayo de 2023.
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Nuevo CPCCS
Integrantes del Concejo de Participación Ciudadana, durante su posesión, el 14 de mayo de 2023. Asamblea Nacional
En febrero de 2023 se llevan a cabo las elecciones para designar al actual Consejo de Participación, que fue posesionado en mayo y está presidido por el exabogado de Rafael Correa, Alembert Vera.
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Medidas cautelares
El 8 de julio, la misma ciudadana Betty Moreira Marcillo solicita medidas cautelares por la negativa a la conformación de la comisión. Y el 24 de agosto, el juez Multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, Patricio Quimís Sornoza, acepta la petición.
En la sentencia, el juez ordena al CPCCS la conformación inmediata de la veeduría y la asignación de fondos para su funcionamiento.
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Convocatoria para la veeduría
El 30 de agosto el presidente del Consejo, Alembert Vera, anunció la conformación de la veeduría para diagnosticar y evaluar el cese y posterior nombramiento de los nuevos jueces constitucionales.
El 1 de septiembre, el CPCCS publicó la convocatoria, Del 4 al 11 de septiembre de 2023 están abiertas las inscripciones para la ciudadanía.
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La Corte Constitucional reacciona
El 4 de septiembre, la Corte Constitucional reaccionó y decidió hacer un seguimiento de su dictamen de 2019, con el que blindó las actuaciones del CPCCS Transitorio.
Para ello, la Secretaría Jurisdiccional de la Corte envió pedidos de información a la Fiscalía, al CPCCS y al mismo juez Leiver Quimis, con un plazo de respuesta de 24 horas.
El organismo quiere determinar si las autoridades involucradas están cumpliendo el dictamen interpretativo 2-19-IC/19. Por ejemplo, a la Fiscalía le pidió un informe sobre las acciones u omisiones que el CPCCS haya tenido como inobservancia al dictamen.
La Secretaría Técnica Jurisdiccional de esta Corte requiere información a la Fiscalía General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Juez de Montecristi, Leiver Quimis Sornoza.
Accede a los oficios y entérate de más AQUÍ⬇️
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 5, 2023
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El CPCCS se divide
No todos los consejeros están de acuerdo con la veeduría. Tres de ellos se apartaron de la decisión tomada por el presidente del CPCCS: la vicepresidenta Nicole Bonifaz y los consejeros más, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni.
La primera dijo que se trata de una decisión unilateral y los otros dos dijeron que se apartan "de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir o decidir sobre otras instituciones".
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Vera responde
Luego de decir que la veeduría se encargará de evaluar las "atrocidades del Trujillato", el presidente del CPCCS, Alembert Vera, pidió a la Corte Constitucional que aclare la situación jurídica, el 5 de septiembre de 2023.
En un oficio de 13 páginas, en respuesta al requerimiento de la Corte, Vera señala que la veeduría fue solicitada “por la ciudadanía” y ordenada por un juez. Agrega que no se "trata de una decisión política y/o jurídica".
Además, apeló a los jueces constitucionales para que le permitan ser escuchado en una audiencia.
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La Fiscalía entra en escena
Esa misma noche del 5 de septiembre, la Fiscalía respondió al pedido de la Corte e informó que había iniciado una investigación previa por el supuesto delito de prevaricato en contra de Patricio Quimís, juez de Montecristi (Manabí).
#COMUNICADO | La fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, respondió el requerimiento de información de la @CorteConstEcu, respecto a la decisión de un juez de #Montecristi y la conformación de una "veeduría para evaluar" las acciones del Cpccs-T.
Detalles ⬇️ pic.twitter.com/iMPhyV3b66
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 6, 2023
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Vera se explica
Ante las reacciones institucionales y de sus compañeros de Consejo, el presidente Alembert Vera habló con los medios de comunicación y explicó que el CPCCS no tiene facultades para destituir a los jueces de la Corte Constitucional.
Dijo que sus opiniones sobre "el trujillato" son personales y que ninguna decisión se ha tomado dentro del CPCCS bajo ese criterio, que lo único que hizo fue acatar una orden judicial.
Además, aceptó que no pueden tomar decisiones contra lo actuado por el Consejo Transitorio.
Finalmente, Vera culpó a la Corte Constitucional por el enredo legal y político alrededor de la veeduría. Dijo que los jueces podían haber actuado directamente contra la sentencia del juez de Montecristi y no amenazar al CPCCS con la destitución.
Recordó que, previamente, la misma Corte ordenó a los consejeros acatar una sentencia judicial sobre otro caso y que cuestionó si podrían ser destituidos por desacatar la sentencia de la veeduría. Por eso preguntó a los magistrados "¿es merengue o no es merengue?".
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