El Consejo de Participación Ciudadana convocó a la conformación de una veeduría para evaluar el trabajo del CPCCS Transitorio. Esto pone a la Corte Constitucional en la mira del organismo.
La gestión del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) ha estado atravesada por varias medidas cautelares que se han ventilado en la justicia ordinaria. La última de ellas busca que una veeduría "diagnostique y evalúe" el proceso de designación de la Corte Constitucional en funciones.
Esto se refiere a la decisión tomada por el Consejo Transitorio, nacido de la consulta popular de 2018, que destituyó y cambió a los jueces de la Corte y abrió la puerta a dictámenes aplaudidos y criticados durante los últimos años.
Ese aval o desaprobación de las decisiones de la nueva Corte depende de la lectura de los actores políticos y los intereses involucrados. Y los gobiernos de turno han encontrado un obstáculo en varias de sus decisiones. A diferencia de lo que sucedía con la conocida como 'Corte Cervecera', durante el correísmo.
Es por eso que ahora, con la nueva composición del CPCCS, nacida en las urnas por segunda ocasión y como consecuencia de la misma consulta popular, la creación de esta veeduría ciudadana genera cuestionamientos.
Parte del actual Consejo tiene vínculos políticos con el correísmo, movimiento político que ha criticado duramente la gestión del Consejo Transitorio y se opuso a la consulta de 2018.
Y, si la Corte se ha caracterizado por algo en los últimos años, ha sido por no mantener lazos, al menos notorios, con los gobernantes. Además, se ha convertido en la única institución del país con estabilidad y ha sido clave para dirimir incluso conflictos en otros poderes del Estado.
El presidente del CPCCS y exabogado de Rafael Correa, Alembert Vera, advirtió ya de que la veeduría servirá para "revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato". Las inscripciones para conformar este organismo se abrieron el lunes 4 de septiembre y cerrarán ocho días después.
¿Qué puede hacer una veeduría ciudadana?
La veeduría fue solicitada por la ciudadana Betty Mercedes Moreira Marcillo y ordenada por el juez Multicompetente de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Leiver Patricio Quimís Sornoza.
El juez sentenció además que el CPCCS "dé el acompañamiento y supervisión técnica y asigne los recursos económicos necesarios", para el funcionamiento de la veeduría y que, en caso de no contar con fondos disponibles, solicite al Ministerio de Finanzas la inmediata asignación.
La Ley de Participación Ciudadana establece que las veedurías para el control de la gestión pública están destinadas al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno.
Y la norma agrega que "su actividad de se ejercerá sobre aquellos asuntos de interés público que afecten a la colectividad", para lo cual deben tener garantizada su autonomía.
El objetivo de estos organismos es "conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración pública".
Sin embargo, el Reglamento de Veedurías es bastante general. Por ejemplo, solo dice que tendrán mínimo tres integrantes, que serán independientes del CPCCS y de la autoridad vigilada.
Entre las competencias y obligaciones de las veedurías está el "alertar al CPCCS sobre indicios de actos de corrupción inminentes". Sin embargo, su principal función es emitir recomendaciones.
Esas recomendaciones deben ser consideradas por el pleno del Consejo. Y en caso de indicios de corrupción o vulneración de derechos, el mismo Consejo deberá iniciar una investigación, a cargo de la Secretaría Técnica de Transparencia.
Y el pleno del CPCCS, en caso de considerarlo necesario, podrá remitir los hallazgos a las autoridades competentes. Es decir, el informe que resulte de la veeduría como tal no tiene carácter vinculante para la entidad fiscalizada, en este caso el Consejo Transitorio, que ya no existe.
La Corte pide información
El fallo del juez de Montecristi ha vuelto a abrir el debate sobre el dictamen interpretativo 2-19-IC/19, que la Corte Constitucional emitió el 7 de mayo de 2019.
Con ese fallo, el organismo blindó las decisiones del Consejo de Participación Transitorio y determinó que estas no pueden ser revisadas por el CPCCS definitivo. Entre estas decisiones está el nombramiento de la CC, que ahora será evaluado por una veeduría.
La noche del 4 de septiembre de 2023, la Secretaría Jurisdiccional de la Corte envió pedidos de información a la Fiscalía, al CPCCS y al juez Leiver Quimis. El plazo de respuesta es de 24 horas. El organismo quiere determinar si el dictamen interpretativo 2-19-IC/19 se está cumpliendo.
Por ejemplo, al CPCCS la Corte le pide un informe sobre los actos que han sido y que se prevé serán ejecutados por esta entidad para asegurar el cumplimiento del dictamen, teniendo en cuenta el reciente fallo que ordena crear una veeduría para hacer lo contrario.
Al juez Quimis, en cambio, la Corte la pide el expediente completo del caso en el que se ordenó la conformación de esta veeduría. Así como un informe del estado procesal de la causa, para saber si el fallo ha sido apelado y elevado a la Corte de Manabí.
En el caso de la Fiscalía, por otra parte, la CC le pide un informe sobre las acciones u omisiones que el CPCCS haya tenido como inobservancia al dictamen interpretativo 2-19-IC/19.
Esto ya que meses atrás, el Ministerio Público había solicitado a la Corte que haga un seguimiento a ese dictamen, porque consideraba que el CPCCS estaba intentando revisar decisiones del Consejo Transitorio como la designación de la Fiscal General Diana Salazar.
Los pendientes del CPCCS
Mientras tanto, el CPCCS sigue sin designar a las autoridades de control pendientes: Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Todos ellos están prorrogados en funciones o se trata de entidades en subrogación desde hace años. Pero, varios de los concursos públicos también han recibido medidas cautelares, que han reiniciado o modificado la trayectoria de los procesos.
Por ejemplo, el 24 de agosto, el CPCCS pidió una aclaración a la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, sobre la sentencia que determinó que el concurso de renovación parcial del CNE "debe retrotraerse a la fase de convocatoria".
El concurso más avanzado es el del Contralor, que según los cálculos de la entidad debería finiquitarse en octubre. Sin embargo, en caso de lograrlo, cualquier cambio de autoridades de control deberá esperar a que la nueva Asamblea Nacional se posesione.
Esta nota se publicó originalmente a las 17:08 del 4 de septiembre de 2023 y se actualizó a las 20:20 del mismo día con los pedidos de información de la Corte Constitucional.
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