Pese a que tres de los siete miembros del Consejo de Participación niegan que hayan aceptado una veeduría, propuesta por Alembert Vera, este pidió a la Corte Constitucional que dicte jurisprudencia para aclarar el enredo jurídico.
El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de mayoría correísta, busca ahora revisar y evaluar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio, a cargo del fallecido Julio César Trujillo.
Para revisar estas actuaciones administrativas, el CPCCS anunció la conformación de una veeduría 'ciudadana', que entre otros objetivos analizaría la destitución y cambio de los jueces de la Corte Constitucional.
Lo cierto es que la intención de Alembert Vera y de una parte del Consejo de Participación, de organizar la veeduría, tiene sus trabas legales.
Es así que la noche del 4 de septiembre de 2023, la Corte Constitucional pidió información a la Fiscalía y al Consejo sobre las acciones que pretenden realizar en la veeduría. El plazo de respuesta fue de 24 horas y vence este martes.
De por medio, existe la sentencia de un juez de Montecristi, que ordenó la realización de la veeduría ciudadana. Perto también está el dictamen previo de la Corte que blindó las decisiones tomadas al interior del Consejo de Participación Transitorio.
Es por eso, el CPCCS difundió en redes un comunicado en el que anunciaba que pedirá a la Corte Constitucional que "se sirva dictar jurisprudencia vinculante sobre la presunta contradicción" legal.
Esto se refiere a la contradicción legal que existe ahora entre la sentencia del juez de Manabí y el dictamen previo de la misma Corte.
El CPCCS se divide
Pero no todos los consejeros están de acuerdo con la veeduría, y de hecho, tres de ellos se apartan de la decisión tomada por el presidente del CPCCS, Alembert Vera.
En uno de los documentos firmados por la vicepresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se señala que la veeduría fue una decisión unilateral, "obviando la opinión y ejercicio de las funciones de los demás consejeros y consejeras elegidos democráticamente".
Bonifaz agrega que el 31 de agosto pidió un informe jurídico sobre las implicaciones de la veeduría propuesta por Vera, una petición que no ha sido respondida.
Dos consejeros más, Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, también se deslindaron de la decisión de Vera.
"Nos apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir o decidir sobre otras instituciones", señalan ambos funcionarios en un comunicado conjunto.
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