Antes de calificar la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa solicitó un informe jurítico sobre el pedido de juicio político a Diana Salazar.
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) todavía no calificó la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Esa instancia legislativa se reunió la noche del 1 de diciembre de 2023.
Según la información oficial, antes de admitir o negar el trámite del pedido, el CAL resolvió enviar el caso a la Unidad de Técnica Legislativa para que un plazo de tres días emita un informe técnico - jurídico al respecto.
Si bien ese informe no será vinculante, servirá de referencia para establecer si la solicitud cumple con los requisitos constitucionales y legales.
Además, el CAL también tiene pendiente la calificación de otras dos solicitudes de juicio político:
- En contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por la crisis energética, presentado por Nicole Saca, de la bancada oficialista ADN.
- Contra el exministro del Interior, Juan Zapata, por la crisis de inseguridad, presentado por Carlos Vera Mora, del PSC.
Lo que se viene
En caso de que sean calificados a trámite, estos pedidos de juicio político serán enviados a la Comisión de Fiscalización, que deberá tramitarlos en orden cronológica. Es decir, el juicio político a Santos irá primero, una vez que la Comisión despache los procesos que quedaron pendientes de la anterior Asamblea.
La Comisión de Fiscalización sólo puede tramitar un proceso de juicio político a la vez, por lo que el caso en contra de la Fiscal General quedaría para finales de 2024 o inicios de 2025. El período de Salazar en su cargo termina en 2025.
Además de estos, Construye ha anunciado que presentará en los próximos días un pedido de juicio político en contra de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. En este se incluiría también a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.
De ser calificado, este proceso entraría después del de la fiscal Salazar.
La Comisión de Fiscalización además tiene pendientes juicios políticos en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de otros exministros del gobierno de Guillermo Lasso.
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