Este viernes 3 de enero de 2020, la jueza Daniella Camacho dará a conocer cuántos de los 24 procesados del caso “Sobornos 2012-2016” serán llamados a juicio. Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, dialogó con PRIMICIAS sobre el proceso.
Luego de 39 días de espera, este viernes se sabrá si el expresidente Rafael Correa será juzgado por los supuestos aportes ilegales a las campañas de Alianza PAIS, que componen el caso “Sobornos 2012-2016”.
El caso, según la Fiscalía, es una trama de corrupción en la que empresarios privados entregaban dinero, en efectivo o a través de cruce de facturas, a funcionarios públicos.
A cambio de este pago, los funcionarios adjudicaban a estas empresas contratos estatales.
La Fiscalía presentó 283 elementos de convicción comunes y 599 individuales para los 24 procesados. Ellos son:
Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, uno de los procesados, dice que este caso debe terminar en el sobreseimiento del 90% de los involucrados.
El fallo del viernes
Foto referencial. Durante la audiencia intermedia, la Fiscalía presentó las pruebas que sustentan su acusación en el caso Sobornos (2012-2016) Cortesía
¿Qué espera la defensa del expresidente Rafael Correa de la decisión de la jueza Daniella Camacho?
En mi condición de defensor del expresidente Correa, definitivamente, lo que aspiro es al sobreseimiento.
¿Qué certezas jurídicas tiene para aspirar a eso?
La Fiscalía habla y reitera la existencia de 800 elementos de convicción, más los 400 que presentó la Procuraduría. Con eso han hecho pensar a la ciudadanía, usando y abusando de los medios de comunicación, que existe abundante evidencia.
¿Y no existe tal evidencia?
Lo que la Fiscalía ha hecho es presentar una cantidad de supuestos elementos de convicción y repetir eso para los 24 procesados. Entonces esos 800 elementos, al menos, habrá que dividirlos por 24.
Más allá del expresidente ¿qué cree que ocurra con los procesados?
No puede llamarse a juicio a ninguno de los 24 procesados, a excepción de Pamela Martínez y Laura Terán, quienes se beneficiaron de depósitos en sus cuentas, de parte de una empresa que no está siendo procesada: Odebrecht.
Al decir que, al menos, dos de los 24 procesados deben ser enjuiciados ¿está aceptando que se cometió un delito?
De parte de los cooperadores eficaces (Martínez y Terán). Más allá de mis conceptos personales sobre cada una de las actuaciones, hay que recordar que para ser cooperadores hay que asumir la responsabilidad del delito.
Entonces, al menos de parte de ellas, ¿hay un delito?
No estoy en la posición ni me corresponde a mi determinar las razones que ellas tuvieron para declararse culpables. En lo personal, considero que Laura Terán no pasa de ser una empleada de Pamela Martínez y una cómplice necesaria.
Persecución política
¿Su postura, entonces, es que hay persecución sin pruebas contra el exmandatario y contra los otros procesados por sobornos?
En la audiencia preparatoria de juicio los abogados de varias de las empresas hicieron saber a la señora jueza que (los mencionados en el caso) eran contratos de 2007 y 2008. Que eran procedimientos que se llevaron a cabo mucho antes del supuesto soborno.
La decisión de la jueza Patlova Guerra, en el caso por rebelión, y la abstención de la Fiscalía contra Sofía Espín ¿dejan sin piso las denuncias de persecución política?
De ninguna manera, en el caso de rebelión lo único que se consiguió es que los acusados se defiendan en libertad. La situación de Sofía Espín no tiene nada que ver con la persecución, sino que es un caso que no abrió la actual Fiscalía.
Juzgamiento en ausencia
El caso se inició con una investigación por tres delitos: tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho ¿por qué cree que, al final, solo se mantuvo el cohecho?
La respuesta es muy sencilla, y eso no significa que sea justa ni legal, la Fiscalía solo dijo que esto se dio por un obstáculo jurídico insubsanable, pero no lo explicó ni fundamentó. Nadie sabe a que se refiere.
Entonces ¿cuál es la razón detrás de este cambio?
Lo único que puedo decir es que el cohecho es el único tipo penal que la Fiscalía iba a poder perseguir en ausencia y es imprescriptible.
¿Tiene temor de que Correa sea juzgado en ausencia y se lo inhabilite políticamente para siempre?
Esa es la pretensión política de la Fiscalía y del Gobierno. Temor, jurídicamente hablando, no tengo. Porque este proceso, frente a un tribunal de juicio, lo que va a generar es vergüenza para la Fiscalía.
Lo que se intenta es proscribir a Correa de por vida, pero el proceso recién empieza y, si somos llamados a juicio, ahí nos veremos las caras.
Si el “caso Sobornos” va a juicio ¿confía en una Corte Nacional de Justicia con mayoría de conjueces temporales?
No tengo ninguna confianza en la Corte Nacional de Justicia actual. Los jueces fueron levantados del banco de la Corte Provincial, jueces que se han sometido a un proceso de evaluación inconstitucional.
¿Qué espera, entonces, del caso?
Vamos a seguir peleando y vamos a tratar de que nuestros argumentos determinen lo que pase. No me niego a la posibilidad de recibir una sorpresa y encontrar justicia en la Corte Nacional.
La defensa de Correa
¿Cómo funciona la defensa del expresidente Correa? ¿Cuántas personas la conforman?
La defensa la he asumido exclusivamente yo, con un pequeño equipo de trabajo que está conformado por gente cercana a mí. No tengo otros abogados en el país.
¿En cuántos casos están trabajando, además, del “caso Sobornos”?
Estoy a cargo de todos los casos penales del expresidente Correa.
¿Cuántos son?
Ya perdí la cuenta, me parece que están alrededor de 26 casos.
¿Cómo se financia la defensa? ¿Cuánto ha invertido el expresidente en costas judiciales desde que dejó el cargo en mayo 2017?
Para mí, la defensa es un asunto de militancia y dignidad. La he asumido con mucho honor.
Entonces ¿no hay un costo económico?
No, yo recibo lo que requiero para efectos de gasto. No tiene nada que ver con un asunto económico.
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