Caso Encuentro: Hernán Luque Lecaro fue detenido en Argentina
La detención del expresidente del Directorio de Emco, Hernán Luque Lecaro, ocurrió en un barrio de Buenos Aires, confirmó la Policía.
El expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque (centro), está envuelto en un escándalo por presunta corrupción.
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Hernán Luque Lecaro, expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), fue detenido por la Interpol en Buenos Aires, Argentina, este jueves, 8 de febrero de 2024, confirmó la Policía de Ecuador.
La institución confirmó que el arresto con fines de extradición se ejecutó cuando el exfuncionario transitaba en la calle Gurruchaga, en el barrio de Palermo, en donde tenía su domicilio.
El informe policial agrega que Luque era buscado por el presunto delito de "organización, asociación o grupo delictivo, cohecho o corrupción", según la alerta que tenía Interpol.
La detención se dio con fines de extradición: desde el 24 de noviembre de 2023, pesa una orden de prisión preventiva en contra del exfuncionario por el denominado caso Encuentro, relacionado con una supuesta trama de corrupción en empresas públicas en el Gobierno de Guillermo Lasso.
Según fuentes policiales, Hernán Luque permanece detenido. La audiencia de extradición se realizará el viernes 9 de febrero de 2024.
El caso Encuentro
Luque Lecaro habría salido del país el 9 de enero de 2023 con rumbo a Argentina. Desde entonces, las operaciones de la Interpol de Argentina se coordinaban con su par de Ecuador.
Cuando se conoció de la fuga, el entonces presidente Guillermo Lasso ordenó a la Policía que lo ubique y que lo traiga "del cogote para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que deba declarar".
En este caso, la Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes –de forma planificada y coordinada– pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos.
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