Iniciativa de juicio político contra Lenín Moreno, con poco futuro

La Asamblea Nacional revisará, este 8 de julio de 2021, el informe de la Comisión de Régimen Económico sobre la rendición de cuentas del expresidente Lenín Moreno. El documento sugiere que la Comisión de Fiscalización analice un posible juicio político contra el exmandatario en la Asamblea, por los repetidos errores en su informe anual de gestión.

El informe deberá ser tratado en el Pleno, y aprobado con al menos 70 votos. De llegar a concretarse el pedido de juicio político en el Pleno, sería la primera vez que el Parlamento intente oficialmente enjuiciar a un expresidente.

Desde el retorno a la democracia, nunca ha habido un intento de fiscalizar a un expresidente de esta manera. Sobre todo porque el principal resultado del juicio político es la censura y destitución; algo que no tiene efecto sobre alguien que ya no está en el cargo.

Además, la Constitución solo habla de juicio político al presidente en funciones.

Tampoco ha llegado a concretarse ningún un juicio político contra de presidentes en funciones. Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez tuvieron amenazas desde el Congreso, pero al final sus gobiernos terminaron por otras vías.

En general, los anuncios de juicio político se quedan en eso: anuncios. Un estudio entre 1979 y 1995 halló que en ese período hubo 190 amenazas de juicio político, pero solo 38 se llevaron a cabo, todos en contra de ministros o exministros.

¿Es posible enjuiciar políticamente a un expresidente?

La Constitución y la Ley no prevén el enjuiciamiento a expresidentes (aunque sí a exministros, hasta un año después de que dejen sus funciones). Y en el caso de que fuera viable, solo hay tres causales para iniciarlo, que no incluyen la falsedad ideológica:

• Por delitos contra la seguridad del Estado.
• Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
• O por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

Por ello, a criterio de la asambleísta Wilma Andrade (ID), el juicio político a Moreno no es legalmente posible. La legisladora asegura que su bancada aún no ha tomado una decisión oficial, pero que el tema requerirá un amplio debate pues el informe de gestión del expresidente sí tiene muchas falencias.

Andrade cuestiona el documento por ser "muy limitado", y porque evidencia la falta de cumplimiento de sus propias ofertas de campaña.

Pero desde UNES, impulsan con fuerza la idea de un juicio político en contra de Moreno.

Ana Cecilia Herrera, miembro de la Comisión de Régimen Económico, sostiene que, aunque la Constitución no prevé este tipo de fiscalización a exmandatarios, deberían enviar el pedido a la Corte Constitucional para su pronunciamiento.

Herrera agrega que hay un año para revisar la gestión del expresidente, en la que esperan también acciones de la Contraloría y la Fiscalía, a quienes enviarán su informe para que tomen las acciones respectivas.

Desde la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) tampoco hay apoyo a esta idea. El asambleísta Byron Maldonado aseguró que no es posible llevar a juicio político a un expresidente, pues no está previsto esta opción en la Constitución. Además, cuestiona que la comisión se tomó más de 30 días en la elaboración del informe.

La asambleísta Mireya Pazmiño (Pachakutik) votó a favor del informe y apoya la iniciativa del posible juicio político. Sin embargo, en su bancada no hay aún una posición oficial, que la definirán horas antes del Pleno.

En Fiscalización también avanzan

La Comisión de Fiscalización planea fiscalizar el gobierno de Moreno sobre todo desde tres casos, que fueron incluidos en su agenda de trabajo:

• INA Papers
• Arroz Verde
• El contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 

El presidente de esa mesa legislativa, Fernando Villavicencio, aseguró en días pasados que convocarían a presentar comparecencias al hermano del expresidente, Edwin Moreno. Además a Conto Patiño y a Xavier Macías, cercanos a Moreno y supuestamente involucrados en los casos de presunta corrupción.

También está en los planes de la comisión convocar al mismo Lenín Moreno. El expresidente no puede abandonar el país sin permiso de la Asamblea hasta un año después de haber dejado su cargo.

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