Asamblea inicia trámite de dos juicios políticos contra vocales del Consejo de Participación

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) aprobó, este 17 de julio del 2019, los dos pedidos de juicio político planteados en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Con esto, se inicia oficialmente el proceso de fiscalización en contra de José Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá.

Todos los procesos apuntan al incumplimiento de funciones de parte de los consejeros.

Los dos pedidos calificados se fundamentan en las actuaciones de estos funcionarios durante su primer mes de funciones, pues fueron posesionados el 13 de junio de 2019.

• El pedido del asambleísta Fabricio Villamar (independiente) apunta solo al presidente del CPCCS, el sacerdote católico José Tuárez, por las irregularidades en la calificación de su candidatura. El argumento es que Tuárez, por ser representante de un culto religioso, no podía ser electo para ese cargo.
• La segunda solicitud fue presentada por Jeannine Cruz (Creo) y Raúl Tello (BADI). Ellos argumentan un incumplimiento de funciones en la creación de una comisión que revisaría el proceso para designar a los jueces de la Corte Constitucional. A favor de esa comisión votaron Tuárez, Chalá, Gómez y Desintonio.

El CAL aprobó las solicitudes por unanimidad, con cinco votos de los cinco vocales presentes. La notificación a la Comisión de Fiscalización se dará hasta el 19 de julio de 2019.

Una vez que la mesa conozca las solicitudes, tiene un plazo de máximo 20 días para emitir un informe, en el que puede recomendar la censura de las autoridades. Esa Comisión podrá unificar ambos pedidos.

Aún queda una tercera iniciativa pendiente, presentada por Tello como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.

Antes de conocer esta decisión, el cura Tuárez criticó a la Asamblea Nacional a través de su cuenta de Twitter.

"Basta ya de perseguir al CPCCS", escribió el funcionario.

El CPCCS tiene previsto tener una sesión el 18 de julio, para conocer sobre las medidas cautelares otorgadas por la justicia, con las que se suspendió la comisión para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional.