María Rosa Merchán rechaza la destitución de dos jueces ordenada por la Judicatura

Mediante un comunicado publicado este viernes 4 de octubre de 2019, la presidenta de la Corte cuestionó la la figura de "negligencia manifiesta", utilizada por el CJ para destituir a Flores y Enríquez el 1 de octubre de 2019.

Hace tres meses, una resolución aprobada por un Tribunal con los votos favorables de ambos jueces cambió la prisión preventiva impuesta al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, por arresto domiciliario.

Al finalizar la audiencia, la fiscal Diana Salazar pidió verbalmente una ampliación de la sentencia, pero los magistrados hicieron caso omiso. Esto disgustó a la fiscal, quien puso una queja en la Judicatura.

Los jueces alegaron que Salazar debió presentar el pedido por escrito en los tres días posteriores a la diligencia.

"Uso disimulado del error inexcusable"

Según Merchán la remoción no es otra cosa que el uso disimulado del "error inexcusable", un argumento empleado por la pasada administración de la Judicatura, encabezada por Gustavo Jalkh, para remover a decenas de jueces en todo el país.

En su reclamo, Merchán sugiere, además, que la remoción de los dos magistrados respondería al "evidente propósito de satisfacer el afán de control del ejercicio jurisdiccional en un proceso judicial con efectos mediáticos".

La frase aludiría al caso 'Sobornos 2012 - 2016', un proceso por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en el que Alexis Mera es uno de 26 imputados, junto con el expresidente Rafael Correa, Vinicio Alvarado y otros.

En este caso, que investiga la presunta entrega de aportes ilegales por parte de varias empresas privadas a las campañas de Alianza PAIS, a cambio de contratos, Salazar presentó la denuncia, realizó las vinculaciones y formuló cargos en contra de los procesados.

La jueza Daniella Camacho fijó para el próximo 17 de octubre, a las 09:30, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Merchán se queja por supuesta intromisión de la Judicatura

En otra parte del comunicado, la presidenta de la CNJ señala que la acción de la Judicatura implica una "manifiesta intromisión" en la independencia de un órgano de administración de justicia.

"Lo que acarrea graves responsabilidades, a las que más tarde o más temprano se tendrá que responder".