Ministros de Economía y Transporte declararon en caso de hospital de Pedernales

Las versiones se tomaron el miércoles 9 de septiembre de 2020 en el edificio de la Fiscalía, en el norte de Quito.

El primero en llegar fue Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. El funcionario explicó a la Fiscalía las facultades de su Cartera de Estado en los procesos de contratación pública.

Por ejemplo, dijo, la transferencia al Consorcio Pedernales - Manabí, entidad que estaba a cargo de la obra y está acusada del desvío de fondos, es parte de un sistema rutinario con el cual se hacen muchas transferencias a diario.

Además, el funcionario respondió sobre supuestos chats que mantenía con Daniel Mendoza, exlegislador y principal implicado en el caso. Dijo que ninguno hace referencia al hospital sino a las leyes económicas que se debatían en la Asamblea.

En este caso, la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada. La supuesta red la encabezaban los legisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.

Ellos, según la Fiscalía, ellos ubicaron a personas de su confianza en cargos clave del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Y así lograron que la obra se adjudique al Consorcio, que finalmente les transfirió parte de los USD 8,2 millones que el Estado había entregado como anticipo.

¿Qué pasa con el hospital?

Mientras avanzan las investigaciones en este caso de corrupción, las obras del hospital siguen suspendidas.

Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), también fue llamado por la Fiscalía. Él indicó que en la época de los hechos que se investigan el MTOP no tenía nada que ver con la obra.

Desde el 1 de septiembre, explicó Martínez, el Ministerio asumió las funciones del Secob de forma total y, por lo tanto, el control de esta obra de infraestructura hospitalaria.

Sin embargo, explicó que desde julio ya se nombró un administrador temporal de la obra que se encargó de la terminación unilateral del contrato con el Consorcio Pedernales-Manabí.

Ahora, los esfuerzos del Ministerio están enfocados en el cobro de la garantía de buen uso de anticipo a Seguros Confianza. Pero, esta acción está detenida. El 8 de septiembre de 2020, una jueza en Guayaquil ratificó una medida cautelar que impide el pago.

El lío legal es porque el MTOP exige una garantía de USD 7,9 millones. Pero la aseguradora solo ofrece un pago de USD 1,9 millones, ya que resta los valores que están congelados en las cuentas bancarias del Consorcio.

Martínez indicó que están trabajando las estrategias para que, independientemente de los problemas legales, Pedernales pueda tener un hospital.

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