La polémica entre directivo de minera australiana y el Gobierno

La polémica empezó con un operativo de allanamiento y decomiso que se realizó el 27 de julio de 2020 en Tumbaco, en la periferia oriental de Quito.

La Policía halló dos pistolas, un fusil, alimentadoras y más de 9.500 municiones en una vivienda. Fue detenido Carlos Miguel De Miguel III, gerente general y accionista de Hanrine.

Luego de la audiencia de Flagrancia, la jueza a cargo del caso no dictó prisión preventiva y De Miguel fue liberado.

Hanrine Exploration and Mining S.A. es una subsidiaria de Hancock Prospecting Pty Ltd., propiedad de Gina Rinehart, una de las principales empresas mineras de Australia.

Además, según la Superintendencia de Compañías, De Miguel es accionista y gerente de Carlos de Miguel y Asoc. CMIII S.A., empresa dedicada a actividades administrativas.

También es gerente y accionista de Blue Cell Seguridad Industrial S.A, empresa dedicada a la asesoría de gestión administrativa. Así como de Leparadis S.A., dedicada a las actividades de servicios personales.

De Miguel contraataca

María Paula Romo, ministra de Gobierno, criticó la liberación de Carlos Miguel De Miguel III después de la audiencia de flagrancia, teniendo en cuenta que tiene doble nacionalidad y se le encontró un arsenal de armas, que ahora están en custodia policial.

La funcionaria, además, confirmó que el sospechoso es el dueño de la empresa que estuvo a cargo de la seguridad del australiano Julian Assange, cuando estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Según un comunicado de un portavoz de Hancock en Australia, recogido por el portal Michael West Media de ese país, De Miguel "tenía todos los permisos correctos para estas armas, aprobados por el Ministerio de Defensa ecuatoriano".

Además, la empresa australiana aseguró que las armas están almacenadas, adecuadamente, en un casillero y que De Miguel "está bien entrenado en el uso de las armas y que no se han producido incidentes".

Esos argumentos, justamente, fueron considerados por la jueza Geovanna Palacios, quien dispuso la inmediata libertad de De Miguel. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria en contra de la magistrada.

Por su parte, De Miguel interpuso una queja judicial contra la ministra Romo, una jueza, un fiscal y siete policías.

El representante de la minera pide que se los investigue por los presuntos delitos de fraude procesal, usurpación de funciones públicas, privación ilegal de la libertad, intimidación y asociación ilícita.

Para Romo, esta querella es "una forma de amenazar o amedrentar a la Policía Nacional, así que responderemos con las herramientas de la ley".