Presupuesto de la Fiscalía se redujo 9,76% en seis años

La Fiscalía General del Estado es otra de las entidades que deberá trabajar con menos presupuesto en 2020. Para la institución, sin embargo, esto no es nada nuevo porque ha vivido seis años, desde 2014, con continuas rebajas en sus asignaciones.

En este lapso, en todos los años, a excepción del presupuesto de 2017 que tuvo un ligero aumento, ha tenido menos recursos.

Desde 2014 hasta el presupuesto de 2020 hay una reducción total de USD 15 millones. Con la asignación para 2020, que asciende a USD 138,9, la Fiscalía tendrá que arreglárselas para subsistir.

La institución pidió al Ministerio de Finanzas USD 169,9 millones, pero la condición de la economía del país no lo permitió. Y con eso, además, se incumplió una oferta gubernamental.

Al iniciar 2019, el presidente Lenín Moreno dispuso que se den todos los recursos necesarios para mejorar los sistemas de investigación de la justicia ecuatoriana.

Sin embargo, el año se cierra para la Fiscalía únicamente con el presupuesto asignado en la Proforma 2019, sin ingresos extras. Y para el 2020 el panorama es similar.

Y a eso se suman nuevos compromisos. Iván Granda, secretario Anticorrupción, solicitó al Consejo de la Judicatura crear unidades especializadas anticorrupción. Pero, tampoco se han desembolsado recursos para esto.

Menos dinero, más casos

La reducción presupuestaria que vive desde hace varios años la Fiscalía, no concuerda con su volumen de trabajo.

En 2014, cuando empezó la disminución de recursos, la institución atendió 309.393 noticias del delito o casos.

Pero, este índice ha ido en crecimiento. En 2018, hubo 346.550 noticias del delito. Y hasta el tercer trimestre de 2019 se registraron 284.127 y si el promedio se mantiene, hasta fin de año la cifra bordearía las 366.000 causas.

El aumento de casos y la disminución de recursos, se conjugan con el déficit de agentes fiscales. Ecuador tiene una media de 4,90 fiscales por cada 100.000 habitantes. El estándar internacional es de ocho fiscales por ese número de pobladores.

Es decir, en el país hacen falta unos 536 fiscales para cubrir el déficit de investigadores.

En abril de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio suspendió tres concursos que llevaba la Judicatura. Uno de estos era para designar a 400 nuevos fiscales.

La suspensión, se suponía, duraría hasta el nombramiento de la Judicatura definitiva. Sin embargo, el organismo confirmó ayer a PRIMICIAS que, actualmente, no hay ningún concurso en marcha.

Por esta razón, la fiscal Diana Salazar ha criticado una falta de independencia para que su institución pueda nombrar directamente a sus agentes.

El Comité por la Institucionalidad Democrática, que fue creado por Julio César Truillo (+) y ahora dirige Pablo Dávila, plantea una consulta popular para lograr esa independencia.

El organismo tiene hasta el 29 de febrero de 2020 para obtener 26.319 firmas de respaldo. Si la iniciativa pasa, los ecuatorianos irán a las urnas para decidir si la Fiscalía se independiza administrativamente de la Judicatura.