El presidente temporal del organismo aseguró que la competencia para destituir jueces "no está limitada". Mientras, Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional, habló del apoyo solicitado a Estados Unidos.
El presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, confirmó lo que venían denunciando Fausto Murillo y otros funcionarios del organismo: falta de presupuesto.
Según dijo Román en Teleamazonas, la institución solicitó un presupuesto de USD 374,9 millones para 2023, pero la Asamblea Nacional aprobó USD 337 millones. Es decir, que la Judicatura trabajará este año con un déficit de USD 37,9 millones.
"El 94% se destina al gasto corriente y el 15%, a servicio y mantenimiento de infraestructura", acotó.
La falta de presupuesto motivó la renuncia de María Josefa Coronel, como directora del organismo en Guayas, el jueves 26 de enero. La ahora exfuncionaria reveló a PRIMICIAS que solo le asignaron USD 1,5 millones de los USD 16 millones solicitados para su jurisdicción.
Román también se refirió a la atribución de la Judicatura de destituir jueces. "Nuestra competencia no está limitada", enfatizó.
Sin embargo, recordó que el organismo no puede intervenir en lo que resuelva el juez, sino de manera disciplinaria. "En estos dos días, destituimos jueces con la declaratoria de los jueces superiores de error inexcusable. Ahí el Consejo de la Judicatura realiza el sumario y llegamos a la destitución", explicó.
Uno de los jueces destituidos fue Ángel Lindao, cuestionado por sus polémicas decisiones sobre procesos relaciones con Leandro Norero, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y un sentenciado por el asesinato de un concejal de Riobamba.
La Judicatura tiene otro frente por resolver: llenar el banco de elegibles, de donde salen los reemplazos de los jueces que serán evaluados.
"No tenemos bancos de elegibles. En este proceso de seis años, han sido destituidos, se han muerto o retirado. Tenemos escasez de funcionarios para reemplazarlos".
Apoyo de Estados Unidos
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, se refirió a la reunión que mantuvo con Román y con representantes de la Embajada de Estados Unidos, en Ecuador.
En la cita, el funcionario solicitó apoyo internacional para una auditoría independiente respecto de casos de corrupción.
Además, mencionó que este 27 de enero de 2023 concluirá el trabajo en las cuatro mesas de diálogo con jueces anticorrupción y penales de Pichincha, para definir las reformas que solicitarán al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
También dijo que están definiendo vacíos sobre la caducidad de la prisión preventiva.
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