Corte Nacional dicta sexta sentencia en contra de exministro correísta

La audiencia de juicio se reinstaló el 17 de febrero de 2022. En la diligencia, los jueces Daniella Camacho, Marco Rodríguez y Luis Rivera dieron a conocer su fallo.

Tras haber analizado las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de la Corte Nacional (CNJ) sentenció al exministro del Deporte, Raúl Carrión y a Rafael Mendoza, exdirector de Gestión de Servicios Institucionales, a 12 años de prisión.

Ambos fueron señalados como autores del delito de peculado en la adquisición de equipos médicos.

Raúl Carrión fue el primer funcionario de alto rango de la administración de Rafael Correa involucrado en presuntos casos de corrupción. En su contra se abrieron 12 procesos penales por distintos delitos en contra de la administración pública.

Hasta ahora tiene seis sentencias que suman 35 años de cárcel. Sin embargo, ninguna está en firme.

Según los registros de la Corte, Carrión dejó de presentarse el 29 de agosto de 2020 e incumplió la medida cautelar. Tres meses después, la jueza Camacho dictó prisión preventiva y desde esa época el exfuncionario es prófugo de la justicia.

El caso

Según la Fiscalía, el caso se refiere a un abuso de fondos públicos cometidos a través de una disposición arbitraria en beneficio de un tercero, ocasionando un perjuicio económico de USD 49.611 al Estado.

El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2007, en el Ministerio del Deporte, en esa época llamado Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación (Senader). Al frente de esa entidad estaba Raúl Carrión.

Carrión suscribió un contrato co la empresa Jailnet S.A. El objeto era la adquisición de equipos médicos por un valor de USD 138.566,80. El proceso de contratación, además, lo supervisó Rafael Mendoza, exdirector de Gestión de Servicios Institucionales en la Senader.

Según Ministerio Público, el Comité de Contrataciones de la Senader no acató las disposiciones del Reglamento Interno. Mientras que Carrión, sin la aprobación del Comité de Contrataciones, invitó a la empresa Jailnet pese a que no cumplía con los requisitos.

Jailnet, para cumplir con el contrato, adquirió a otra empresa parte de los equipos médicos y le solicitó la factura de la transacción. La Fiscalía halló una diferencia económica entre esa factura y lo que la empresa pagó por esos equipos.