En el cuarto intento, la audiencia de apelación del caso Singue logró instalarse. Jorge Glas y seis personas más piden anular la sentencia de primera instancia.
Los jueces Luis Rivera, Daniella Camacho y Felipe Córdova, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conforman el Tribunal de Apelación del caso Singue.
El 29 de julio de 2022, cerca de las 11:30, los magistrados instalaron la diligencia. Este fue el cuarto intento para que la apelación se inicie.
En primera instancia, la audiencia debió instalarse el 2 de diciembre de 2021. Pero los abogados del exvicepresidente Jorge Glas no se presentaron. Luego, el 15 de febrero de 2022, tampoco se instaló por un cambio de última hora en la defensa de Wilson Pástor, exministro de Energía.
El 11 de mayo de 2022 se volvió a diferir. En esa ocasión, Paúl Ocaña, defensor de David Burgos, Aníbal Cazar y César Guerra (tres de los siete sentenciados), presentó un certificado médico que lo facultaba a guardar reposo.
Ahora, durante la diligencia, los abogados de los siete sentenciados presentarán sus argumentos para desvanecer la sentencia inicial. Mientras que la Fiscalía y la Procuraduría intentarán rebatirlos. Con base en esos indicios, los jueces decidirán si ratifican o modifican el fallo de primera instancia.
En este proceso, un Tribunal Penal sentenció a siete personas por delito de peculado. Entre los condenados están el exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.
El caso
El caso Singue se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue, durante el Gobierno de Rafael Correa.
Según la Fiscalía, los 15 procesados cometieron peculado. El perjuicio se habría producido al fijar un precio de USD 33,5 por barril producido, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.
Campo Singue, en la Amazonía ecuatoriana. El Telégrafo
Estos hechos habrían provocado un perjuicio para el Estado de aproximadamente USD 28,4 millones.
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