Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, enfrentan un proceso electoral que podría costarles los cargos.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llamó a Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y a Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, a una audiencia el 10 de agosto de 2023.
La cita será a las 10:00, en Quito. Ahí el juez electoral Guillermo Ortega escuchará a Juan Esteban Guarderas, quien acusa a los actuales funcionarios de haber cometido una infracción muy grave, durante las elecciones del CPCCS, en febrero pasado.
Ese tipo de infracciones se sancionan con una multa de 21 a 70 salarios básicos (USD 9.450 a USD 18.000), destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
El acusador sostiene que cometieron la infracción electoral al haber realizado actos de proselitismo político, que están prohibidos en el reglamento de promoción de candidatos a consejeros del CPCCS.
Aguiñaga y Vera ejercerán ese 10 de agosto su derecho a la defensa y presentarán sus pruebas de descargo.
Según Guarderas, su acusación se sustenta en spots de propaganda que se transmitieron en medios de comunicación, en los que Aguiñaga, como representante de la Revolución Ciudadana, y el expresidente Rafael Correa, promovían la candidatura de Vera al CPCCS.
En dónde sí fue evidente la campaña del correísmo fue en redes sociales. Pero estas están fuera de la cobertura de la Ley Electoral.
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