Tres de los implicados en investigación de aportes a Alianza PAÍS comparecen ante Fiscalización

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea sesionó este jueves 25 de julio de 2019 en Guayaquil. Llamó a comparecer a cinco exfuncionarios del correísmo, cuyos nombres aparecen en la investigación de aportes ilegales en la campaña de AP.

A través de videoconferencia, Galo Mora Witt, secretario ejecutivo de AP hasta 2014, aseguró que un partido político no puede “sobrevivir con el fondo partidario del CNE”.

Con este argumento, Mora justificó que el movimiento AP solicite aportes a los militantes para financiar actividades del partido. Según Mora, esos fondos son los únicos que han recibido mientras duró su gestión.

En el informe del portal Mil Hojas consta que Mora habría gestionado USD 1,5 millones a través de Rolando Carrera Maya. El dinero habría sido destinado para financiar una convención de AP en Cuenca.

Ante esto Mora reconoció que Carrera Maya trabajó como director financiero en AP y que solo él tenía acceso a registros de los aportantes. “Yo desconozco de cualquier aporte o dinero entregado, no manejaba este tema”, dijo Mora. 

Troya y Zambrano niegan cercanía del buró de AP

El exprefecto, Marco Troya, aseguró que nunca han destinado aportes del Gobierno de Los Ríos para las campañas de AP.  Según mencionó, tampoco pidió a ningún funcionario de Los Ríos que entregue aportes como militantes de AP. 

“En ese sentido puedo decir que desobedecí el código de ético del partido, que incluía este aporte”, dijo Troya. 

La donación de la Prefectura de Los Ríos habría sido de USD 350.000 distribuidos en cuatro partes, según recordó el asambleísta Ángel Gende.

Mientras que el aporte de Mariano Zambrano, exprefecto de Manabí, habría sido de USD 800.000.

Frente a la denuncia, Zambrano dijo que su administración en la Prefectura fue auditada por la Contraloría desde 2005 hasta 2018. “No ha habido aporte alguno ni he gestionado recursos para el buró de AP”, añadió Zambrano. 

A la audiencia de la Comisión no asistió el exasambleísta Christian Viteri. Dijo que estaba trabajando en Cuenca y pidió el cambio de la diligencia. 

Mientras que la Comisión no pudo dar con el paradero de Gustavo Bucaram, funcionario del ministerio de Coordinación Política en el gobierno de Rafael Correa.