Moreno veta parcialmente las reformas al Código de la Función Judicial

Un mes después de que la Asamblea aprobara las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, el Ejecutivo remitió sus observaciones.

El presidente Lenín Moreno veta parcialmente el texto legal. Las objeciones alcanzan a 24 de los 65 artículos que contiene la reforma.

Al Mandatario le preocupa que se vulnere la independencia de los jueces cuando se los evalúa. Por eso plantea que la revisión establezca si el juez utilizó técnicas jurídicas correctas y válidas para justificar su decisión.

Además quiere que la evaluación que haga el Consejo de la Judicatura (CJ) cuente con el apoyo de un “Comité para la Evaluación” cuyos integrantes gocen de imparcialidad. Al menos dos de los miembros de este comité deberán ser exjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Cada tres años se hará la evaluación. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos se evaluarán nuevamente en tres meses. Si en esta segunda ocasión se mantiene la calificación deficiente el funcionario perderá su cargo.

Estos principios aplican para los jueces de la CNJ. “Esta evaluación se regirá bajo criterios de transparencia, legitimidad de ejercicio, con indicadores cuantitativos, cualitativos y contará con veeduría ciudadana”, señala el veto de Moreno.

También se tipifica como “infracción gravísima” el dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable.

Según las observaciones del Presidente, las sanciones se ejecutarán sin perjuicio de que a un mismo servidor se le impute más de una infracción.

Periodo de los notarios

En cuanto a los notarios, Moreno pide que su periodo sea de 6 años. “Podrán reelegirse por una sola vez para la misma u otra notaría, quien ha cumplido con la evaluación de los estándares de rendimiento, previo concurso de méritos y oposición”, indica el veto parcial.

En este mismo tema, se implementará una plataforma electrónica para el servicio notarial telemático. Esto se realizará en un plazo máximo de 18 meses luego de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Finanzas.

Mientras que la Judicatura tendrá cuatro meses para aprobar los planes para la especialización de jueces, fiscales, defensores públicos, equipos técnicos y jurisdiccionales que intervienen en temas de género y niñez.

Las observaciones del Ejecutivo serán tramitadas en la Asamblea, que puede acogerlas o ratificarse en el texto original.