Veto a proyecto económico clave, en medio del escándalo de Mendoza

La Asamblea sigue a la espera del veto presidencial a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, un cuerpo legal clave para mostrar la voluntad de Ecuador de mejorar el manejo del dinero público de cara al nuevo acuerdo que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Ley fue aprobada por la Asamblea ya hace más de un mes. El Ejecutivo tenía un mes para enviar el texto con sus objeciones, plazo que se cumple el 15 de junio de 2020.

El detalle es que el ponente del proyecto de ley, el asambleísta oficialista Daniel Mendoza, ahora está recluido en la cárcel 4 de Quito por un caso de presunta corrupción.

Mendoza es el presidente de la mesa legislativa que se encarga del trámite de la propuesta: la Comisión de Régimen Económico. El político fue apresado la madrugada del 5 de junio, dentro del caso de corrupción del Hospital de Pedernales.

Frente a este inusual panorama, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) deberá conocer el tema y decidir sobre la principalización de la alterna de Mendoza, Pinuccia Colamarco.

El asambleísta Franco Romero (BADI), vicepresidente de la mesa, está a cargo de la comisión desde mediados de mayo, cuando el escándalo alrededor de Mendoza comenzó a desatarse con el arresto de uno de sus asesores.

El 5 de junio de 2020, Romero señaló que su encargo en la presidencia de la comisión terminó, pero que ante la ausencia de Mendoza seguirá ejerciendo el cargo. Con la orden de prisión preventiva contra Mendoza, ahora la comisión deberá decidir qué hace con su directiva.

¿Y el veto?

La Comisión de Régimen Económico está a la espera del veto a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobada en segundo debate el 16 de mayo.

El Ejecutivo puede enviar el texto hasta el 15 de junio. Lo que deja a la Asamblea un periodo de mes más para evaluarla.

El veto no necesariamente tiene que volver a la Comisión. Sin embargo, en el actual período legislativo se acostumbra que las mesas legislativas analicen las objeciones presidenciales, para plantearlas en el Pleno.

Sin Mendoza, la Comisión queda con minoría oficialista: apenas dos de sus 13 miembros, Ana Belén Marín y Juan Carlos Yar.