El dirigente indígena, Yaku Pérez, se reconcilia con el gobierno

El prefecto, que hace menos de dos meses bloqueó los accesos a Cuenca y está acusado por intentar tomarse el edificio de la Asamblea en Quito, ofreció una rueda de prensa conjunta con el ministro de Inclusión Económica, Iván Granda.

La intervención ocurrió en la Gobernación del Azuay y ambos funcionarios alternaron en el uso de la palabra para anunciar los acuerdos logrados.

El Gobierno Nacional se comprometió a cancelar a la Prefectura del Azuay USD 40 millones pendientes producto de la venta de las acciones del gobierno provincial en la empresa eléctrica Centrosur y en Elecaustro.

La oferta gubernamental es pagar el 50% de ese rubro en 2020 y la otra mitad en 2021. Además de USD 500.000 correspondientes a la devolución del IVA este diciembre y un rubro similar en febrero del próximo año.

Esos dinero se invertirán, dijo Pérez, un 80% en vialidad de esa provincia y un 20% en obras de riego.

A cambio, la Prefectura del Azuay coordinará junto al Gobierno Central, la llegada de las brigadas del Plan Toda una vida, a las distintas comunidades de la provincia, donde hay beneficiarios del sistema.

En la práctica esto supone un distanciamiento con la actitud hostil que ha tenido la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) -de la cual Pérez es integrante y uno de sus líderes históricos- con el Gobierno.

El 25 de noviembre de 2019 un grupo encabezado por Jaime Vargas, presidente de la Conaie, amedrentó a los brigadistas del plan e impidió su ingreso a la comunidad de Tigua, en Cotopaxi.

La Conaie reclamó su derecho a impedir el tránsito hacia lo que ellos denominan "territorio indígena". El intercambio de verbal a través de los medios tuvo como protagonista a Vargas y al ministro Granda.