El futuro Alcalde de Quito podría no estar en la papeleta

La contienda entre los 12 candidatos a Alcalde de Quito podría ser infructuosa. La administración de justicia electoral no ha finiquitado el proceso en contra del exalcalde Jorge Yunda, quien encabezaba la mayoría de encuestas mientras éstas podían difundirse.

En agosto de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sentenció a Yunda con la suspensión de los derechos políticos por dos años y le ordenó a pagar una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, es decir: USD 12.750.

La razón fue no haber acatado su remoción del cargo, ratificada por el mismo TCE. Pero el fallo, de segunda y definitiva instancia, no ha sido ejecutoriado aún, debido a que no se han resuelto los recursos de aclaración y ampliación.

Aunque ninguno de esos recursos puede modificar el dictamen.

Por ese mismo motivo, la candidatura del exalcalde no tuvo reparos al ser inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aterrizó en la papeleta para las elecciones seccionales de este 5 de febrero.

Ahora, a cinco días de las votaciones, la incertidumbre sobre quién será el futuro Alcalde de Quito aumenta. Con las encuestas disparando cifras distintas, la única certeza es que Yunda sí está en la pelea.

¿Qué pasa si Yunda gana?

Si el TCE cerrase la causa contra Yunda antes de que se oficialicen los resultados, el exalcalde no podría tomar posesión del cargo, aunque fuese electo en las urnas.

Y los otros 11 candidatos habrían participado en vano, ya que no se puede ceder el cargo al segundo más votado. Ese camino legal no existe y el Código de la Democracia es claro: "se proclamará electo al candidato que hubiere alcanzado el mayor número de votos".

Por lo tanto, el destino del Municipio capitalino estará en manos de los 21 concejales electos. Entre ellos mismos deberían elegir a un hipotético nuevo Alcalde de Quito, en la primera sesión autoconvocada del Concejo, el 14 de mayo.

En caso de ausencia definitiva del alcalde electo previo a su posesión, asumirá sus funciones quien sea designado como vicealcalde, para lo cual los concejales electos se autoconvocarán.

Art. 167 del Código de la Democracia.

El otro escenario es que, mientras la sentencia del TCE no esté ejecutoriada, Yunda no tendrá impedimento para tomar posesión del cargo y empezar a trabajar, suponiendo que obtenga la victoria en las urnas.

Entonces, la administración quiteña tendría que continuar con sus nuevas autoridades, hasta que el Tribunal decida cerrar definitivamente la causa. Pero no hay plazos para que se tramiten los últimos recursos y la sentencia sea ejecutoriada.

Esto podría ocasionar la destitución de Yunda en cualquier momento, días, meses o años después de asumir el cargo. En ese caso, la elección del nuevo Alcalde de Quito volvería a recaer en manos del Concejo Metropolitano.

Los obstáculos de la sentencia

El TCE ha intentado sesionar para cerrar la causa, pero no ha sido posible. Primero, el 22 de septiembre, el juez suplente, Richard González, se negó a convocar la cita para tratar los recursos pendientes.

El argumento es que hay "serios indicios de que se irrespetó la independencia judicial y la imparcialidad del Tribunal", por lo que solicitó una investigación y dictaminó que se envíen copias de todo el expediente a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional y hasta a la ONU.

El 23 de diciembre, el TCE publicó un comunicado en redes sociales, confirmando que ninguno de los recursos interpuestos puede cambiar el contenido de la sentencia. Pero que el pleno no ha podido sesionar por falta de quórum en las convocatorias.

Sin embargo, ese comunicado fue borrado, por orden del juez sustanciador.

Desde entonces, el juez sustanciador ha remitido más oficios sobre el caso a distintas autoridades y compareció ante la Fiscalía, dentro de la investigación abierta por presunta usurpación y simulación de funciones públicas, que recaería sobre el presidente del Tribunal, Fernando Muñoz.

Mientras que los jueces restantes presentan excusas para no involucrarse en el caso.

En ese escenario, parecería que la sentencia no estará ejecutoriada hasta que finalice la investigación fiscal solicitada por el juez González, lo que podría tardar, incluso, años.